Plata sucia: denuncian al Gobierno por un pago de $54 millones.

Pese a que existían dos fallos adversos de la Justicia, la gestión de Néstor Kirchner compensó -poco antes de dejar el poder a Cristina- a un hotelero croata por negocios durante la dictadura. La trama y los protagonistas del escándalo.
Pocos días antes de que Néstor Kirchner le ceda el poder a su esposa, el Ministerio de Economía pagó una deuda ilegítima de 54 millones de pesos a un grupo de empresas de seguros extranjeras ligadas a un croata acusado de lavado de dinero. La operación se concretó pese a que el reclamo había sido rechazado en primera y segunda instancia en la Justicia. El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, acaba de denunciar la maniobra ante el juzgado de María Romilda Servini de Cubría.

El factótum del pago fue Juan Cayetano Intelisano, un contador que maneja la administración del ministerio desde hace veinte años y era entonces subsecretario de Legal y Administrativa de la cartera. La declaración jurada que Intelisano presentó en la Oficina Anticorrupción en 2007 muestra que no es uno más: figura en el top five de los funcionarios más ricos del gabinete nacional, detrás del matrimonio Kirchner y Enrique Albistur.

La investigación se originó en un sumario administrativo que abrió el propio Ministerio de Economía, que conducía Miguel Peirano, después de realizado el pago. Sin embargo, el gobierno nacional desistió de presentar una denuncia penal cuando descubrió el ilícito. El caso llegó a preocupar tanto en lo más alto de la administración K que el propio ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se ocupó personalmente del tema a través de su amigo Fabián Musso, el abogado del Estudio Righi, al que conoce desde que eran estudiantes de Derecho.

Según las siete empresas demandantes, agrupadas bajo la denominación Accolade Pool, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro (CNAS) tenía contratos incumplidos de reaseguro, celebrados en el exterior entre 1977 y 1982. La cabeza visible del pool fue, desde el comienzo, Iván Holjevac, un empresario que es dueño del hotel Las Cumbres en Punta del Este y se presenta como uno de los propietarios del hotel Conrad en esa ciudad. Holjevac figura en el informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados.

Pese a que las aseguradoras jamás aportaron sus contratos, la suma que el Ministerio de Economía pagó superaba largamente su reclamo. En los cálculos de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, la suma del monto más los intereses daba un resultado final de $9.715.311,42. Sin embargo, a pesar de que dos fallos judiciales consideraban ilegítima esa demanda, el Estado argentino desembolsó $53.963.112 en efectivo. Por esta razón, la FIA afirma que “no puede descartarse como hipótesis que los acreedores hayan acordado por una suma menor quedando el resto como pago de comisión, indebida, por las gestiones de cobro. Un cohecho”.

Intelisano no estuvo solo en la maniobra. Contó con el respaldo de un grupo de funcionarios con los que había alcanzado un aceitado funcionamiento y con los que replicó una operatoria que ya se había puesto en marcha en el caso Greco, la maniobra por la cual Economía estuvo a punto de pagar una deuda de 500 millones de pesos –sospechada de ilegítima– a través de una partida oculta en el presupuesto nacional. Entre los personajes que se repiten en ambos casos figuran el ex subsecretario legal del ministerio, Osvaldo Siseles, y la ex directora general de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink. Ambos están procesados por la justicia federal en la causa que involucra al grupo mendocino y fueron piezas clave en el engranaje que autorizó la cancelación de la deuda con Accolade Pool. En uno de sus dictámenes aprobatorios, Eggink –que fue eyectada a fines de 2006, tras el escándalo Greco– afirmó que las empresas demandantes resultaban “ser titulares de créditos firmes emergentes de sentencias que condenan a la CNAS y en consecuencia al Estado nacional”.

El expediente 22.654/96 entró al Ministerio de Economía en 1996, pero recién se movió a partir de 2003, con el kirchnerismo en el poder. En la demanda, dos grupos de empresas, Overseas Union Insurance Limited y otros y Universal Marine Insurance Company reclamaban la ejecución de una sentencia del Tribunal Comercial de Inglaterra contra la ex CNAS por contratos incumplidos por el cierre de la entidad. El reclamo, entonces, no llegaba a los cinco millones de pesos. En paralelo, los supuestos acreedores hicieron demandas judiciales que perdieron sin excepción: en el primer caso, el 29 de diciembre de 2003, un juez de primera instancia argentino dijo que “no se había logrado demostrar la competencia del juez inglés” y los demandantes apelaron. Dos años después, la Justicia volvió a negar la legalidad del reclamo. El caso había llegado a la Corte pero el máximo tribunal no tuvo que expedirse: de manera incomprensible el Ministerio de Economía decidió emitir el pago de contado. Unos días después, los acreedores desistieron del recurso ante la Corte. Dice Garrido en su presentación: “En el momento en que se decidió pagar, el Estado se encontraba en inmejorable posición para no hacerlo”.

El fraude que denuncia la FIA tuvo un avance fundamental en 2005, cuando los abogados volvieron a reclamar la deuda. Entonces la liquidación de la ex Caja estaba en manos del Instituto Nacional de Reaseguros Sociedad del Estado (INDER), que a su vez dependía para la autorización de los pagos de la subsecretaría Legal de Siseles y de la Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo de Eggink. En base a una nueva propuesta de los acreedores, la funcionaria firmó otro dictamen decisivo que omitió algunos datos que hubieran permitido al Estado negarse a pagar lo reclamado. Esto es, que nunca se presentaron copias de los contratos entre CNAS y el pool demandante, y que en el fallo del tribunal inglés no hay datos acerca del monto de los contratos. Entonces, el cálculo de la deuda –si se la considerase válida– apenas alcanzaba los diez millones de pesos. En junio de 2006, Eggink devolvió el expediente al área de Liquidaciones con una sorpresa: afirmó que se habían olvidado algunas actualizaciones y la suma ya llegaba a 41 millones de pesos. Un año después, un informe de la contadora Silvia Marchi, de coordinación de negocios en el exterior, llevó la suma hasta los $53.963.112 que, finalmente se abonaron en noviembre, con la firma de Intelisano. Era la resolución Nº 200 de la Subsecretaría de Legal y Administrativa.

Así lo describe Garrido: “Al contrario de lo que refleja la actuación judicial del Estado en este proceso, la actividad administrativa se dedicó, encabezada por el contador Intelisano, a saltar obstáculos, incluidos los que les señalaban otros organismos del Estado como la Procuración del Tesoro de la Nación, hasta conseguir su objetivo: pagar. Pagar a toda costa, contra viento y marea, contra decisiones judiciales y administrativas y en pugna con las más elementales razones de prudencia exigibles a un funcionario público ante una cuestión de tamaña importancia y magnitud”. Al día de hoy, Intelisano sigue ocupando su despacho en el séptimo piso del Ministerio de Economía.

Un refugio en la cueva de Guinea

En las maniobras de presunto lavado aparecen empresas vinculadas con la cueva financiera que funciona en el consulado de Guinea Bissau, revelada por este diario el 30 de noviembre pasado. En el sexto piso de 25 de Mayo 293 se cambian, en negro, siete millones de pesos en cheques por día. El negocio de sus dueños es doble: no sólo cobran la comisión por cambiar el cheque por efectivo sino que también agregan a los costos de sus clientes, el cobro del impuesto al cheque. Sin embargo, la “cueva” tiene registradas una red de sociedades exentas de ese impuesto. O sea, la plusvalía es muchísimo mayor que la mera comisión. Según la denuncia del fiscal Garrido, la plata del caso que se publica en estas paginas pasó por ahí. El depósito más grosero pagado por el Ministerio de Economía fue a parar a la cuenta de Jorge Pallavicino. Son casi 40 millones de pesos, transferidos en el mismo día a Finex Sociedad de Bolsa. Esa empresa está en blanco pero sus movimientos se cruzan constantemente con los de la cueva. Además, hasta 2007 compartía oficinas con el consulado. El depósito que recibió Darío Morresi fue derivado en cheques a una empresa llamada Avincor, que automáticamente distribuyó los fondos en distintas sociedades: dos de ellas, Pago Rural y Transportes del Alba, aparecen en el expediente judicial que investiga a las empresas que canalizarían la mayor parte del volumen de dinero de la cueva. El dinero finalmente, habría quedado en manos de Iván Holjevac, el croata mencionado en el informe de lavado de dinero del Congreso de la Nación.

Las aventuras de Iván Holjevac

Las revistas y los suplementos de turismo presentan a Iván Holjevac como un arquitecto ecléctico y aventurero. Hablan de su padre dinamitero-constructor en los montes del Zillertal del Tirol y de la familia que formó en Buenos Aires y lo acompaña en cada uno de sus emprendimientos.

Este empresario hotelero que nació en Croacia hace 66 años es el dueño del imponente Hotel Las Cumbres de Punta del Este y al menos hasta 2005 solía presentarse también como accionista del Hotel Conrad de esa ciudad.

Pero los retratos sobre Holjevac omiten que su nombre apareció en el informe que la comisión investigadora de lavado de dinero de la Cámara de Diputados presentó en 2001: figura como cliente del estudio Vignoli-Laffitte-Lublinerman. Dice ese informe: “La Comisión recibió documentación probatoria de la rutina de funcionamiento regular entre los clientes argentinos y un estudio jurídico contable que vende primero y administra después –en Buenos Aires– sociedades anónimas uruguayas. Dicha documentación –comunicaciones internas del estudio Vignoli-Laffitte-Lublinerman– demuestra fehacientemente que mediante mecanismos de otorgamiento de poderes y delegación de funciones se monta en realidad una mecánica probablemente elusoria de los deberes fiscales de los ciudadanos argentinos”.

Él y su hijo Federico –también involucrado en la denuncia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas– dieron la vuelta al mundo dos veces, cada uno en una camioneta Hummer.

Ahora, la justicia lo tiene nuevamente en la mira por un caso de lavado de dinero. La diferencia es que, esta vez, sobran datos sobre la ruta del dinero y la operatoria de traspaso entre distintas compañías que –según la FIA– terminan siempre en el arquitecto croata.

LA GIRA LOCA DE LA GUITA

El escándalo no está solo en el pago de la 54 millones de pesos. También está en el cobro: Una vez depositado el dinero, los billetes se perdieron en decenas de operaciones bancarias que intentaron ocultar el verdadero destinatario: el croata Iván Holjevac.

Con esta información, los fiscales Manuel Garrido y Raúl Pleé denunciaron por lavado de dinero al empresario, a los representantes legales de las empresas acreedoras y a una cadena de sociedades fantasma.

En el momento en que el contador Juan Cayetano Intelisano firma la resolución Nº 200, el Ministerio de Economía deposita los 54 millones divididos en tres cuentas. $39.393.072,12 a nombre de Jorge Roberto Pallavicino, $9.173.729,12 a Jorge Enrique Rodríguez y $5.396.311,25 a Darío Alejandro Morresi, representantes de las sociedades que componían Accolade Pool, la demandante al Estado.

La maniobra tiene dos etapas: una fue previa al depósito. Accolade cedió el 27% de sus acreencias a Holjevac quien después cedió su parte a otros, que finalmente también remiten a él. Un ejemplo: Morresi, uno de los cobradores, que recibió cinco millones, es socio de Federico Lionel Holjevac, el hijo del empresario. Además, la mayoría de los involucrados fijó domicilio en las oficinas que el croata tiene en Alicia Moreau de Justo 1080.

Cuando finalmente los fondos fueron depositados en la cuentas, comenzó una operación a máxima velocidad. Pallavicino recibió su pago el 22 de noviembre y en un solo día, los transfirió a la cuenta corriente del Banco de Valores SA, que los derivó a su sede uruguaya que a su vez los transfirió a manos de otra sociedad de ese país que realizó operaciones de compra y venta de títulos que luego se vendieron para comprar dólares. Así, el 23 de noviembre, retiraron casi 40 millones en efectivo que ya se habían perdido en el sistema.

Morresi cobró el 4 de diciembre y ese mismo día libró cheques a nombre de la sociedad uruguaya Avincor SA quien a su vez endosó la plata en 36 cheques a siete sociedades distintas. La misma operatoria utilizó Rodríguez que cobró y endosó cheques a 7 sociedades, muchas de ellas vinculadas con una cueva financiera que está siendo investigada por la justicia penal tributaria (ver aparte). Los cobradores habría intentado –según la denuncia de Garrido– “otorgar una apariencia lícita a los fondos de origen espurio”.

EL TERCER HOMBRE MÁS RICO DEL PODER.

Juan Cayetano “Yani” Intelisano, el contador que se esmeró para cumplir con un pago irregular de 54 millones de pesos a un pool de aseguradoras extranjeras, es el dueño de la tercera fortuna del Gobierno, detrás del matrimonio Kirchner y del secretario de Medios, Enrique Albistur. Tiene 2.746.000 pesos, acumula cinco denuncias en su contra en la Oficina Anticorrupción (OA) y oculta un pasado como funcionario de la dictadura militar en Esteban Echeverría. Pese a que trabaja hace 39 años en la administración pública (a un sueldo promedio y a valores actuales de 8.000 pesos), en la cartera que hoy conduce Carlos Fernández afirman que su patrimonio tuvo un crecimiento exponencial en los últimos años. La OA ya lo investiga por enriquecimiento ilícito. “Hace diez años, sus hijos iban a la escuela 37 de Monte Grande. Hoy está construyendo dúplex por todos lados”, asegura un dirigente del PJ bonaerense.

Intelisano admitió en su última declaración jurada como subsecretario, de 2006, que posee acciones en Acindar, Agrometal, Siderar, Aluar, Tenaria, Grupo Financiero Galicia, Molinos Río de la Plata, Petrobras Energía, Banco Francés y Pan American Energy. Es propietario de una camioneta Honda Accord y de un número ascendente de terrenos en Monte Grande, Bragado y Luis Guillón.

Yani tiene fueros: ganó por concurso el cargo de director general de Administración de Economía que hoy ejerce. Desde allí decide todas las licitaciones del ministerio, desde la limpieza del edificio hasta el abastecimiento del comedor, pasando por el cuidado de las plantas.

En 2006, el kirchnerismo premió a Intelisano: la ex ministra Felisa Miceli lo ascendió y lo convirtió en subsecretario, el escalafón desde el que consumó la maniobra que ahora investiga la Justicia. Cuando funcionarios del propio ministerio detectaron el pago irregular, Intelisano retornó a su cargo anterior de director a cambio de que el sumario interno que le habían iniciado quedara en el olvido.

Debutó en la función pública en abril de 1970, sobre el final de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Años más tarde actuó como la mano derecha de Alberto Groppi, el ex intendente que entre 1979 y 1983 gobernó el partido de Esteban Echeverría. En ese período, Intelisano fue su secretario de Hacienda. Ya en democracia, Groppi fue electo jefe comunal en dos oportunidades y su amigo de la infancia volvió al poder. Pese a que no tenía cargo, conservaba un despacho pegado al de Groppi y una cochera en el edificio de la comuna. “Saquearon el municipio”, le dijo a Crítica de la Argentina el actual intendente, Fernando Gray, quien afirma además que tanto Intelisano como su amigo tenían relaciones con el general Ramón Camps, bajo cuya jurisdicción estaba ese partido del sur del conurbano bonaerense.

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