Plata quemada

Un Tribunal Oral perdió tiempo y recursos investigando una denuncia precaria contra efectivos de la policía provincial por la desaparición de unos destornilladores. El fiscal de Delitos Económicos gasta –además- palabras, y habla de numerosos "delitos", cuando debería referirse a hechos investigados. ¿Sabemos cuánto cuesta un juicio?
Los recursos están para usarlos. Es indudable. La cuestión es cómo y en qué. Quien conozca mínimamente el funcionamiento de las instituciones del Estado sabe que los mecanismos de supervisión existen. Y que, de funcionar de manera correcta, no haría falta invertir más esfuerzos para que el sistema mantuviera cada uno de sus engranajes en plena marcha.

Pero la tendencia, en una sociedad donde la supervisión resiente su eficacia, es equivocar los canales de revisión y control, para saturar después los tribunales de causas que conducen poco -o casi nunca- a la comprobación de un delito reprochable.

El caso que nos ocupa es paradigmático, y un cabal ejemplo de la manera en que una organización deficiente en la documentación y la operatoria institucional, termina costando -no solamente dinero- sino tiempo y energía innecesarios, por una enorme falta de inteligencia práctica. A esto se suma el afán de protagonismo de ciertos funcionarios judiciales, que suelen esperar el momento en que una resonante denuncia en contra de la bonaerense los ponga de una vez frente a las cámaras de televisión.

En el pasado mes de octubre se expidió el Tribunal Oral en lo Criminal nº 1, integrado por José Antonio Martinelli, Aldo Daniel Carnevale y Jorgelina Camadro. El párrafo más suculento de su sentencia es aquel que afirma que esta cuestión no debería haber llegado jamás a esa instancia de la justicia, es decir al fuero criminal. La razón salta a la vista, con un ligero paneo de los hechos.

Todo había sucedido el 28 de octubre de 2002, cuando los acusados -sargento de policía Daniel Llano y agente Fernando Zarategui- realizaron un procedimiento, como resultado del cual fueron aprehendidas dos personas. Se incautaron en la oportunidad los restos de un vehículo marca Fíat 147, y diversas herramientas que fueron detalladas en el acta de secuestro: cuatro destornilladores pala, tres destornilladores comunes, tres destornilladores Phillips, una pinza con mango azul, una llave combinada de 17, dos llaves de boca y dos llaves francesas.

El vehículo en cuestión tenía pedido de secuestro por parte de la comisaría séptima, por lo cual se dio intervención a esa dependencia, en tanto que los aprehendidos y las herramientas secuestradas fueron a parar a la seccional que correspondía por jurisdicción: la sexta. De acuerdo con el procedimiento previsto, Zarategui había permanecido en el sitio del procedimiento a la espera de la grúa para trasladar el automóvil, mientras que Llano se había dirigido hacia la seccional sexta, con el fin de labrar las actas de rigor por duplicado, donde constarían lo detalles de las herramientas secuestradas. Había ido en compañía de la oficial del entonces Comando de Patrullas, Ana Guillermina Martínez. Las actas labradas se exhibieron en el juicio.

A partir de aquí las herramientas desaparecieron, y nadie tuvo una idea más brillante que llevar a los dos policías actuantes en ese secuestro – Llano y Zarategui- a un juicio oral.

El juez Martinelli – el primero en expedirse- expuso casi con desconcierto: "interpreto que la investigación tendría que haber tomado otro cauce, esto era, el tratar de determinar el destino de las herramientas en cuestión adentro de la comisaría sexta, y no seguir insistiendo en una cuasi caprichosa responsabilidad de Llano y Zarategui, como si estos fueran a instalar una ferretería o comercio similar con aquellos efectos secuestrados en el 2002".

La ironía sirve aquí para tratar de dimensionar los dichos del fiscal interviniente Eduardo Amavet, que durante el proceso no había hecho más que persistir en ilustrar a los magistrados con vocabulario jurídico que no venía al caso, e intentar revestir el asunto de seriedad, cuando -en efecto- hacía agua por todas partes. Aplicaba el cliché del policía corrupto.

Simplemente, indica el juez, el agente que recibió a los detenidos y firmó las actas diciendo que había unas herramientas, debió notificar su faltante por vía administrativa en ese mismo momento.

Pensamiento lógico

"Simples reglas de la lógica" dice el juez: "si tengo pensado cometer un ilícito – quedarme con unas herramientas de escaso valor económico producto de un secuestro- no voy a confeccionar en forma tan minuciosa el acta… Sería algo así como mandarme preso, o sea que aparte de delincuente sería tonto, por darle un calificativo".

La sentencia es directiva al respecto: el cauce de la investigación debería haberse centrado en la comisaría sexta. Y aquí considera necesario hacer un apartado especial en lo que concierne a la confección que allí se realiza del libro de secuestros: "resulta francamente deplorable la desidia o falta de interés en la forma que el mismo era llevado por el funcionario responsable".

Es llamativo, tal como señalaron los acusados, que no solamente el secuestro de las herramientas no figure en tal libro, sino que tampoco aparezca ningún efecto incautado entre los días 9 y 29 de octubre de ese año, teniendo en cuenta el índice delictivo y lo extenso de su jurisdicción. Hay una desprolijidad evidente en la falta de cronología de los ingresos de diversos elementos: se observa un asiento del 21 de marzo de 2003, y a continuación uno del 20 de setiembre de 1999, es decir cuatro años antes. Inexplicable. De aquí que los jueces no pueden tomar un elemento tan impreciso como prueba.

Zarategui y Llano resultaron absueltos, sí, pero siete años después de arrastrar una causa por supuesta malversación de caudales públicos. Después de que se hubiera quemado dinero del Estado en seguir un proceso judicial, simplemente porque un policía no se ocupó como debía de registrar un libro. Sus superiores no supervisaron que así lo hiciera, y un fiscal creyó tener entre manos un caso suculento.

Eduardo Amavet se prestó a una entrevista de prensa recientemente, y mostró una desmesura que causó estupor. Dijo a un diario local: "tenemos más de 400 causas de delitos cometidos por policías", cuando debió decir -en el peor de los caos- que tenían 400 causas en investigación por denuncias contra policías, y no dar por comprobados los hechos.

Él se refería precisamente a la Fiscalía 9 de delitos económicos, y dijo que el número de causas que se inicia por hechos ilícitos cometidos por policías es a su criterio "abrumador", la mayoría por cohecho. Agregó que resulta también importante en número de denuncias contra funcionarios municipales, pero se apuró a cubrir sus dichos con la red necesaria: se trata de personal que desempeñó funciones en la anterior administración.

A boca de jarro

Es evidente que Amavet se excedió en el entusiasmo que le da su papel protagónico que data del 2003, al decir que la mayoría de las denuncias contra policías son "fundadas", y que él cuenta siempre con los mecanismos de comprobación que le da Asuntos Internos de la bonaerense. Para completar sus excesos, habló de los delitos que en su criterio seguían en la lista, y adjudicó la mayor parte de los casos de estafas en la compraventa de automotores a "unas treinta cuadras sobre la avenida Jara", es decir a la comunidad gitana. Poco propio de un fiscal asociar raza y delito. Poco feliz, y poco democrático.

Esta falta de mesura cuesta mucho dinero, un dinero que -si bien está para ser usado en el funcionamiento del sistema judicial- no está para prenderlo fuego. Es el fiscal quien debe tener la precisión, el ojo clínico profesional para evaluar el peso de las denuncias y el caudal probatorio que habilita a la intervención de su ministerio público. Si usa frases hechas, si se desboca, si no se mide, sólo genera cenizas, restos de plata quemada.

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