La UCR se plantó ante la reforma política y el oficialismo ya analiza hacerle cambios

Si hay algo que caracteriza a la gestión kirchnerista es su incapacidad a la hora de abrir negociaciones con la oposición. En la previa, todo parece indicar que la reforma política, presentada el martes por Cristina Kirchner, no será aprobada como el Gobierno Nacional pretende: sin cambios al proyecto oficial.
Ayer, el radicalismo aseguró que, así como fue redactada en Balcarce 50, rechazará la norma sin miramientos. "Quieren seducir al radicalismo, pero nosotros no podemos aceptar esto de ninguna manera", aseguró ayer a un portal de Internet, Oscar Aguad, el jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados. "La rechazaremos íntegramente y en general, porque no podemos quedar asociados en esto con el Gobierno", agregó Aguad, quien también dijo que la postura fue tomada por los bloques tanto del Senado, como de Diputados.

Según la agenda legislativa, el proyecto comenzaría a ser tratado la semana próxima, con la apertura del debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, concurriría a defender el proyecto.

En la misma línea, pero sin aseveraciones tan tajantes, el vicepresidente Julio Cobos afirmó la intención de introducirle cambios al proyecto oficial: "Las elecciones internas no deben ser obligatorias, no tienen que quedar afuera los partidos chicos, y no deben habilitarse las candidaturas testimoniales". Además, habló de la necesidad de una ley de reforma política, pero con un debate "profundo".

En Casa Rosada se sabe que el panorama para el tratamiento de la nueva reforma política es oscuro. Por eso, desde sectores del oficialismo ya hablan de la posibilidad de introducirle cambios a la letra oficial. En ese sentido empezarán a trabajar desde el martes Agustín Rossi, Patricia Vaca Narvaja y Patricia Fadel.

Entre los puntos críticos, además de la obligatoriedad de las internas abiertas, se encuentran la cantidad de afiliados necesarios para la constitución de los partidos políticos, algo que pondría en jaque a los partidos más chicos y la utilización de la lista única, algo que el proyecto oficial no consideró y es un viejo deseo del arco opositor. En la oposición algunos insisten en que la autoridad de aplicación esté fuera del Gobierno y salga del control del Ministerio del Interior. Por ahora, desde el kirchnerismo no hay voces comunes que determinen qué espacio cederá el Gobierno Nacional a la hora de negociar.

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