Planteo del Grupo Alberdi contra el nuevo CAM

El artículo de la ley de creación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) que establece la preselección de cinco postulantes (en lugar de tres) para cubrir un cargo vacante en la Justicia y que, además, autoriza al Ejecutivo a elegir a uno de esos candidatos sin respetar el orden de mérito establecido por el Cuerpo, fue objetado judicialmente por el Grupo Alberdi.
La presentación, que fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, lleva la firma de Clímaco de la Peña, Teresa Piossek de Prebisch, Elsa Moreno, Alfredo Bolsi y Adolfo Poliche (todos integrantes de esa organización civil), con el patrocinio del abogado Guillermo Avila Carabajal.

Según los denunciantes, el artículo 16 de la Ley 8197 (de creación del CAM), "desvirtúa totalmente el equilibrio" entre los poderes del Estado, al facultarse al Poder Ejecutivo "para decidir sobre las candidaturas eligiendo entre cinco postulantes sin respetar el orden de mérito establecido por el CAM ni estar obligado a fundamentar su decisión".

Advirtieron que "de este modo, el Gobierno, por intermedio de la Legislatura, borra con el codo lo que ha escrito con la mano, transformando la ley orgánica del CAM en una falsificación de esa institución que rige en el orden nacional y en las demás provincias".

Sobre este punto, es oportuno aclarar que los modelos de CAM de la Nación y de otros distritos, contempla la preselección de tres candidatos (en lugar de cinco) para ocupar una vacante judicial, al tiempo que se obliga a los Poderes Ejecutivos a respetar el orden de mérito (el puntaje de los postulantes) establecido por esos órganos.

Transgresiones

Los integrantes del Grupo Alberdi opinaron que "el CAM que proyectó la Constitución (reformada en 2006) también era una falsificación del Consejo tal como se conoce en el resto del territorio nacional". Y, en este sentido, aclararon que el artículo 16 de la Ley 8197, al cual impugnaron por considerar que viola la Constitución, "es nada más que el último eslabón de una cadena de transgresiones a los derechos fundamentales de los habitantes de nuestra provincia".

Finalmente, advirtieron que "mediante dicha norma se introduce un medio de corrupción institucional que por su naturaleza es muy difícil de corregir y que es la peor forma de corrupción, porque se procura la impunidad de aquellos que, traicionando el juramento constitucional, utilizan medios de acción política en contradicción con los propósitos que se tuvieron en cuenta al adoptarlas".

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