Planta de Metanol: El Secretario Legal y Técnico replicó nuevo pronunciamiento del Fiscal de Estado

El secretario Legal y Técnico de la Provincia, Eduardo Olivero, definió como “un exceso de facultades y de atribuciones” la nota dirigida en las últimas horas a la Legislatura por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, a propósito del proyecto de instalación de una planta de producción de metanol en la zona norte de la Isla.
El funcionario sostuvo que el Fiscal “incurre además en una serie de contradicciones” en el análisis de la iniciativa impulsada desde el Gobierno, porque “termina admitiendo en varias oportunidades lo mismo que después pretende criticar”.

Martínez de Sucre ya había emitido con anterioridad un dictamen sobre el mismo tema, enmarcando el análisis solamente en la legislación local. En este caso, actuando de oficio remitió una nota de sesenta páginas a la Legislatura donde manifestó su “preocupación” por el criterio del Poder Ejecutivo en torno a esta operatoria, y donde insistió en que debería llamarse a una licitación pública para ceder volúmenes de gas procedentes de regalías en especies a los empresarios productores de metanol.

En el primer dictamen, el Fiscal omitió analizar la legislación hidrocarburífera nacional, como la Resolución 232 de la Secretaría de Energía de la Nación, que reglamenta la ley de Hidrocarburos y faculta a las provincias a cobrar sus regalías en especies y a colocarlas por contratación directa.

Ahora, el funcionario del organismo de control argumentó que aplicar esa Resolución de modo obligado implicaría desconocer las leyes y la Constitución Provincial, además de la Convención Interamericana para la Lucha contra la Corrupción.

“Según el Fiscal, la Provincia se autoimpuso el cumplimiento de la Resolución 232; y en base a ello hace una serie de deducciones falsas. Pero jamás dijimos eso. Sostenemos que la Provincia está facultada por la legislación de hidrocarburos citada -cuya vigencia no niega la Fiscalía de Estado-, para realizar una contratación directa; y que en el caso concreto no se advierte ejercida esta facultad de modo irrazonable”, replicó Olivero.

El Secretario agregó que “es el propio Fiscal, en la misma nota, el que admite que la Resolución 232 faculta a la Provincia a una contratación directa. Entonces si la legislación nacional está vigente, y concede facultades que la Provincia puede utilizar, cómo se entiende que pueda ser ilegal el procedimiento o que se avasalle la autonomía provincial”.

“Nosotros no negamos ni la ley 6, ni la Constitución Provincial, ni la Nacional, sino que armonizamos toda la legislación en juego. El principio general es el llamado a licitación. Pero en este caso hay una excepción en la legislación específica aplicable, que se suma al marco legal vigente a nivel provincial”, explicó el titular de la Secretaría Legal y Técnica.

Según Olivero, también es una contradicción de Martínez de Sucre que por un lado haya analizado las excepciones al llamado a licitación que prevé la ley 6, “es decir que admite que hay excepciones, y por otro lado asegura que todos los caminos legales, locales, nacionales e internacionales, conducen irremediablemente a una licitación. Entonces, ¿hay excepciones o no hay nunca?”.

Para el funcionario del Gobierno, el Fiscal sólo debió abocarse a determinar “si existen opciones legales para encuadrar el caso y en dicho supuesto no cabe desconocer que la provincia ha utilizado una facultad legal que el mismo Fiscal reconoce como posible, pero que no analiza en su aplicación al caso concreto. El resto son meros pareceres personales y discrepancias sobre criterios de oportunidad y conveniencia ajenos al marco de su función. Debo recordar que siempre hemos puesto de manifiesto la necesidad de integrar un debate desde una teoría democrática del discurso jurídico, sin verdades preconcebidas, por lo cual no entiendo la reacción frente a ideas y pareceres jurídicos distintos de su propia postura personal”.

Asimismo, Olivero afirmó que el Fiscal de Estado “no termina de aclarar si es posible aplicar o no al caso la legislación hidrocarburífera, a pesar de admitirla como vigente. Adopta una posición terminante respecto de la prelación de las normas, pero sin abordar la discusión planteada en el dictamen del Gobierno sobre si la jurisdicción y la potestad regulatoria en materia hidrocarburifera pertenecen sólo a la Nación y sin tener en cuenta que en los propios fallos que cita, la Corte Suprema declara la existencia de normas federales, por lo cual la normativa que aplica el Gobierno no sería de jerarquía inferior a la Constitución local. Entonces, queda claro que hay un debate pendiente”, indicó.

Para el Secretario Legal y Técnico, el Fiscal de Estado atravesó la barrera de sus atribuciones y competencias al “juzgar mi desempeño profesional mediante calificativos y al erigirse en un tribunal de mis ideas, descalificando mi trayectoria. En la nota enviada a la Legislatura hasta analiza mis antecedentes como abogado antes de ser funcionario, y no satisfecho con desacreditar mi accionar y desempeño jurídico y académico, concluye en que he involucionado en mis ideas”.

“A este tipo de preconceptos e indebidos subjetivismos, impropios de un análisis objetivo e institucional y reveladores de una estrategia de ataque personalizado, se suma el hecho de no haber aceptado las dos audiencias que le solicité para darle detalles del proyecto”, aseveró Olivero.

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