Los planes sociales siempre quedan haciendo banco en el Congreso K

Por: Alcadio Oña.

No habrá reforma a la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, ni Impuesto a las Ganancias para las rentas financieras. El día que anunció la reapertura del canje, Amado Boudou clausuró expectativas a un lado y al otro: de legisladores oficialistas y funcionarios y de dirigentes de la oposición. Los banqueros respiran, al menos durante un tiempo.

En la reforma a una de las tantas leyes que sobrevivieron a la dictadura, se jugaba el direccionamiento del crédito hacia actividades productivas y políticas específicas para las pymes. Todo a tasas relativamente bajas.

Con el gravamen a las Ganancias había en danza 7.700 millones de pesos para planes sociales. Según el Presupuesto de 2010, eso suman las exenciones a los intereses de los plazos fijos, a la renta de los títulos públicos, la venta de acciones y a ciertas operaciones financieras de las empresas.

Pero está visto que el Gobierno no tocará ni lo uno, ni lo otro. Boudou ya no dice nada que no esté rigurosamente autorizado por Olivos, después de los traspiés con el acercamiento al Fondo Monetario.

Las utilidades financieras están gravadas en los países desarrollados y también aquí cerca, en Chile y Brasil. Desde la estricta justicia tributaria, dejarlas afuera de Ganancias es poco menos que indefendible; mucho más, cuando el trabajo mismo sufre esa carga fiscal.

Alguna vez, el kirchnerismo estuvo tentado con limpiar las prerrogativas: nuevamente prevaleció, en palabras de economistas del Gobierno, la idea de "no crear turbulencias en el mercado". Y, agregada, la de "no pinchar" el canje con los bonistas o la apertura del crédito internacional para el Estado.

Se cerró, así, la posibilidad de aplicar los $ 7.700 millones a un programa de asistencia a la niñez. Especialmente, a los chicos de familias pobres.

Cuando se discutía la prórroga de las facultades delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo -concretamente, las retenciones-, el diputado Claudio Lozano le sacó al oficialismo la promesa de tratar su proyecto de crear una asignación universal por hijo. Pero quedó clavado ahí.

El kirchnerismo bloqueó la iniciativa durante el debate del Presupuesto de 2010, justamente donde correspondía considerar ese gasto social. Tampoco apareció la semana pasada, en la reunión de la Comisión de Trabajo de Diputados.

Convendría detenerse en un par de puntos. Uno, que ya existen sistemas por el estilo entre otros países en Brasil y México.

El otro, para despejar cierta confusión: la asignación universal no significa, llanamente, que se beneficiará tanto a los hijos de familias pobres como a los de los ricos. Ese es el argumento del oficialismo; quizás, también, una manera de barrer con cualquier proyecto así.

En la propuesta impulsada desde el espacio de Elisa Carrió, se fija una asignación de 200 pesos mensuales por chico. Respecto de los sistemas vigentes, significa una mejora de $ 45 al mes para la clase media y otra, como mínimo, de $ 109 para los sectores de bajos recursos. En cambio, las capas más altas pierden $ 16 o más.

Tal como están hoy las cosas, los trabajadores en negro, el grueso en situación de pobreza, carecen de asignaciones familiares. Los sectores de mayores ingresos no sólo las perciben, sino que, además, pueden deducir sus hijos del Impuesto a las Ganancias: hasta 5.000 pesos al año, en el pico de la pirámide. Según varias de las seis propuestas que aguardan turno en el Congreso, todos los programas vigentes se consolidan en uno único.

La resistencia oficial a discutir proyectos como los de Lozano y Carrió es asociada, precisamente, con el carácter universal de estos planes. O, en la visión de los dirigentes opositores, al rédito que al poder político le acarrea mantener todo bajo su control: clientelismo, sin vueltas.

Por eso mismo mete ruido el sistema de trabajo con ingresos implementado por Cristina Kirchner. Arranca con 100 mil puestos en el Gran Buenos Aires, pero el punto no es la preocupación por uno de los núcleos sociales más críticos del país, sino que sea arbitrado por intendentes y punteros adictos.

Es posible que, sin tocar su modelo, el Gobierno mejore los beneficios de alguno de los planes vigentes, como el de Jefes y Jefas. O saque algún otro.

Serían decisiones apuradas por un cuadro social que va para peor y una conflictividad creciente. Derivaciones al fin del deterioro, de la ausencia de políticas estructurales y del temor a situaciones inmanejables. Por más que el kirchnerismo se empeñe en negarlo sin vueltas.

Eso sí, todo se hará en sus términos. Primero, las leyes que más le interesan: las facultades delegadas; la de medios; el Presupuesto y la prórroga de impuestos y, ahora, la que suspende las trabas al canje y la reforma política. Menos la caja que da poder y voluntades o las urgencias propias, el resto puede esperar.

El desempleo, la pobreza y la indigencia en nada se parecen a lo que cuenta el Gobierno, que sigue aferrado a estadísticas hechas a medida. El problema es cuando nunca llega el tiempo de la redistribución de la riqueza. O cuando, según se ve, la realidad se impone el discurso oficial.

Comentá la nota