Planes de pago: por manejo discrecional de la AFIP, ahora investigan a 1.200 contribuyentes

Planes de pago: por manejo discrecional de la AFIP, ahora investigan a 1.200 contribuyentes

Carrió los denunció por supuestas "coimas" para su otorgamiento. Es todo el universo de contribuyentes que solicitaron el denominado "Artículo 32" bajo el mismo trámite que Oil Combustibles. Megacausa recién está en etapa de notificar a los involucrados.

Durante casi dos años la causa tramitó en secreto en el fuero penal económico, tribunal natural de cualquier discusión legal de índole tributaria. Pero hace unos meses, todo el expediente que involucra a unas 1232 personas -entre físicas y jurídicas- pasó a Comodoro Py. Todos esos contribuyentes están ahora siendo notificados de que existe una causa en su contra por haber sido beneficiarios de los 1613 planes especiales de la AFIP otorgados durante la gestión de Ricardo Echegaray para poder financiar en cuotas sus deudas con el fisco. Constructoras, petroleras, empresas del Estado, clubes de fútbol y hasta animadoras de TV aparecen implicadas en este nuevo expediente. En realidad, todos ellos recibieron idéntico tratamiento administrativo en el organismo recaudador que la petrolera Oil Combustibles, hoy en juicio oral por supuesta defraudación al Estado por haberse acogido a esos planes de facilidades y pagar en cuotas el Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Es que el origen de esta mega causa es una ampliación de denuncia que hizo la diputada Elisa Carrió contra todos quienes fueron aprobados para ingresar en el régimen denominado “Artículo 32”, entre el 2010 y el 2015. Pero Carrió recién activó su denuncia tiempo después de que se iniciara la investigación contra Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, cuya carátula mutó varias veces.

Carrió le agregó una segunda curiosidad a su denuncia: dijo que “podría haber habido coimas por un sinnúmero de planes de facilidades de pago”, insinuando que su otorgamiento estaba ligado a un pago ilegal por parte de los beneficiarios. Esa cuestión es novedosa ya que en todos los cargos por los que Oil fue a juicio a partir de la denuncia de Carrió y de la AFIP, en conjunto, nunca se había mencionado la posibilidad de que hubiese sobornos de por medio. ¿Por qué años después se denuncia a todo el universo de contribuyentes que accedieron legalmente a los planes del artículo 32? ¿Por qué se desliza que hubo otro posible delito y no defraudación? En pasillos judiciales existen respuestas para ambas: esta causa podría funcionar de “cobertura” para intentar que el caso Oil no termine de confirmar las sospechas de un direccionamiento hacia un solo grupo empresario. Si todo el trámite en AFIP fue idéntico, ¿por qué Oil sería delito y los otros no? El fiscal Jorge Di Lello y el juez Rodolfo Canicoba Corral adoptaron ya una serie de medidas: solicitaron al Tribunal Oral Federal N°3 la pericia de la Corte Suprema sobre el caso de la petrolera que certifica que a diciembre de 2015, los planes de pago se hallaban regularizados y al día; y por el otro desplegaron una serie de pedidos para que la AFIP responda respecto al universo de planes y su cumplimiento por parte de los beneficiarios.

La animadora Mirtha Legrand, la modelo Dolores Barreiro, el canal América TV, la empresa IECSA y ODS del primo presidencial Ángelo Calcaterra, a constructora Benito Roggio y hasta el Correo Argentino de la familia Macri integran la lista de los 1613 planes individuales de facilidades de pago otorgados a 1232 contribuyentes por un total de $31.434.220.643,81. Según un informe de la DATIP sobre el listado que publica Ámbito Financiero, el promedio de impuestos refinanciados mensualmente ascendió a $507 millones mensuales con un pico en mayo 2012 de más de $5820 millones. La media mensual fue de 26 planes por mes, pero agosto 2015 registró 227 planes concedidos. YPF SA, Enarsa, Cammesa, Andes Energía Argentina SA, Compañía General de Combustibles SA, Supercemento, el laboratorio Roux Ocefa y hasta Sancor solicitaron planes por el artículo 32. El Gobierno de la Provincia de La Rioja, la Ciudad de Córdoba, el Consejo de la Magistratura (que administra al Poder Judicial), Endemol, el hotel Llao Llao, Supercemento, y hasta Cáritas La Plata también solicitaron refinanciar distintos impuestos. Lo mismo que Metrovías y Dakota SA, una de las concesionarias de las grúas porteñas.

Según el análisis preliminar de la causa el promedio de montos refinanciados a través de planes ascendió a $211 mil para personas físicas, $23 millones para asociaciones, $172 millones para entidades públicas y $38 millones para las sociedades comerciales. En esta clasificación se encuentran casi todos los clubes de fútbol de Argentina, desde River Plate, independiente, Arsenal, Tigre, Rosario Central, pasando por All Boys y hasta Racing. Infinidad de medios de comunicación se acogieron a los planes y también transportistas, asociaciones de bien público y centros de salud. La heterogeneidad del universo del listado que se encuentra aportado por AFIP a la Justicia contradice el principal argumento de Carrió respecto a la discrecionalidad de Echegaray para otorgar planes del Artículo 32 y su supuesto direccionamiento a “amigos”. La propia lista desmiente ese supuesto.

En Comodoro Py también se sorprendieron de la cantidad de tiempo que transcurrió la causa en el fuero penal económico sin que se notifique a los involucrados pese a que hubo un festival de pedidos de “incompetencia” en el medio. Por eso es que ahora se los está citando de a tandas para notificarlos de la existencia de la investigación y que propongan defensa. Hasta ahora, fueron convocados alrededor de 200 de los que aparecen en los listados. Los demás estarán en lista de espera en lo que se vislumbra como una mega causa que podría no tener destino: si se verifica que el otorgamiento masivo de planes estuvo ligado a razones de política fiscal, es decir para asegurar el crédito de quienes tenían dificultades para afrontar el pago contado de impuestos, sería una discusión no judicializable. Es parte de lo que se discute en el juicio de Oil Combustibles, cuya deuda se magnificó a consecuencia de acciones concretas del fisco a partir de 2016. La justicia ahora podría avanzar en una mega pericia para determinar cómo se dieron los planes y cuáles eran los montos pagados. Esa pericia comparativa había sido rechazada por el juez Julián Ercolini pero ahora podría avanzar para los 1213 otros implicados.

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