El plan oficial para crear 100 mil empleos está paralizado

El plan oficial para crear 100 mil empleos está paralizado
El 14 de agosto Cristina Fernández de Kirchner intentó amortiguar las críticas por la pobreza con el anuncio de un megaplan que insumiría una inversión inicial de 1.500 millones de pesos. Sin embargo, un mes más tarde está casi paralizado y, según denuncian organizaciones sociales, ha derivado en fuertes irregularidades por el manejo clientelar de fondos.
En medio de la polémica que desató el papa Benedicto XVI, quien instó al Gobierno nacional a reducir el "escándalo de la pobreza", la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 14 de agosto un ambicioso plan de fomento y creación de cooperativas para generar 100 mil puestos de empleo en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires, con una inversión inicial de $ 1.500 millones. Ese día afirmó que el trabajo es "el mejor antídoto contra la pobreza". Sin embargo, a un mes del lanzamiento el plan está casi paralizado y los pocos avances logrados ya muestran serias irregularidades.

Pese a haber sido anunciado en agosto, el proyecto está inspirado en el Programa de Inversión Social (PRIS), lanzado dos meses antes por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuya ayuda "se aplicó de manera clientelar" durante la campaña electoral, según denuncian las organizaciones sociales. En este período, varios intendentes firmaron convenios con organizaciones barriales y de desocupados para que a través de cooperativas trabajen en la producción, conservación y mantenimiento de la red vial, servicios de agua, cloacas y construcción de viviendas.

A tres meses de la inauguración del proyecto, a muchas cooperativas aún no les abonaron los $ 1.350 correspondientes por beneficiario, y a algunas se les pagó sólo un mes, casualmente dos días antes de los comicios del 28 de junio (ver facsímil), pero después no volvieron a recibir más dinero. "Unos pocos cobraron antes de las elecciones, pero julio, agosto y septiembre no se les pagó, y la mayoría de las cooperativas están paralizadas esperando comenzar a trabajar", explicó a PERFIL Evangelina Barrera, referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Berisso.

En varios distritos como Florencio Varela, Berisso, José C. Paz, Lanús, San Vicente, Almirante Brown, Tigre e Ituzaingó las organizaciones sociales denuncian el manejo discrecional del plan por parte de los intendentes. "Después de varias protestas en la municipalidad, logramos en junio que el intendente nos dé el aval a dos cooperativas de veinte personas cada una para realizar la limpieza de zanjas y arreglos de vereda, pero hasta ahora no comenzamos los trabajos y, obviamente, el dinero no llega ni para pagarles a los beneficiarios ni para comenzar las obras", sostuvo Barrera.

El plan lanzado por Cristina Kirchner deja en manos de los municipios la autorización de las cooperativas, beneficiarios y obras que se realizarán. "El programa lanzado por el Gobierno nacional se apoya nuevamente en los intendentes del Conurbano y los punteros. La modalidad de implementación de estos planes apunta a fortalecer al aparato del PJ y a reproducir la lógica clientelar en cada municipio, porque los únicos beneficiaros son la organizaciones afines al Gobierno nacional", explica Juan Pablo Nocelli, coordinador del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón.

Hasta la fecha, hay anotadas 860 cooperativas con cerca de 15 mil personas inscriptas que aún no comenzaron a trabajar. Ante la parálisis del plan previsto para crear 100 mil puestos de trabajo, la semana pasada y luego de una marcha al Ministerio de Desarrollo Social, las organizaciones sociales recibieron como respuesta que en las próximas semanas los municipios hará operativos en distintos barrios para inscribir a los beneficiarios. "Tenemos la obligación de otorgar un nivel de transparencia que no ponga en duda el objetivo ni los resultados del programa", aseveró Cristina Fernández de Kirchner en el lanzamiento del plan.

Los programas sociales K

El primer plan social de empleo fue lanzado en 1997. Conocido como Plan Trabajar, durante el gobierno de Carlos Menem, se entregaban subsidios de 200 pesos con el objetivo de frenar el descontento frente al crecimiento de la pobreza y la desocupación del último período de la convertibilidad.

"La pobreza no se combate con planes sociales, se combate con trabajo, generando inversión, abriendo fábricas y comercios, y ofreciendo servicios, porque tenemos que tener cada vez más usuarios, más trabajadores y más consumidores", sostuvo Cristina Fernández en un encuentro con mujeres empresarias en Berazategui el 3 de septiembre. Sin embargo, en la actualidad existen cuatro programas sociales que dependen del Gobierno nacional: el Plan Familias, que contiene a 1.965.143 personas; el Plan Jefas y Jefes de Hogar, que abarca a 636.447 beneficiarios; las pensiones asistenciales para madres de más de siete hijos, que ayudan a 1.038.441 mujeres, y las pensiones asistenciales por discapacidad, que subvencionan a 95.703 personas.

La multiplicidad de planes no alcanzó a evitar el impacto del freno económico que experimentó la Argentina a partir del segundo trimestre del año pasado. Sus efectos se hicieron sentir con fuerza y dispararon críticas desde la Iglesia y desde la oposición, que el Gobierno intentó atenuar con un nuevo plan de empleos (ver nota central).

Al mismo, el oficialismo abandonó su retiscencia a debatir la implementación de una asignación universal por hijo, una propuesta de la oposición que hasta ahora no entusiasmaba al kirchnerismo. Pero en las últimas semanas la discusión de la nueva Ley de Medios paralizó el tratamiento del tema. Sin embargo, la discusión por la asignación universal podría volver a surgir cuando comience a debatirse el Presupuesto 2010.

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