El Gobierno evalúa por estas horas reintroducir la reforma laboral y tributaria en la letra chica de la nueva Ley Pyme, en la que el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, viene trabajando silenciosamente junto a las principales cámaras empresarias.

Son partes del paquete de medidas que, según anunció Mauricio Macri, el Gobierno irá adoptando este año con la intención de avanzar en una "agenda de crecimiento".

En concreto, los cambios en discusión destinados a las pequeñas y medianas empresas contemplan un "banco de horas" -de modo de reducir o aumentar la jornada laboral en función del nivel de actividad-, así como la polivalencia o multiplicidad de tareas y la reducción de las indemnizaciones.

Mientras que en materia impositiva se discute el alivio de aportes patronales en zonas desfavorables y la condonación de multas y deudas a los empleadores por formalizar personal no registrado.

Los lineamientos motorizados por el sector empleador, en particular por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), serán abordados la próxima semana en la tercera reunión del Consejo de Competitividad y Monitoreo Pyme, prevista inicialmente para este jueves pero suspendida a último momento por "cuestiones de agenda", según explicaron en Producción y Trabajo.

El órgano establecido por la Ley Pyme del 2016 se creó recién en septiembre del año pasado, con la participación de CAME, UIA, la Confederación General Empresaria (CGERA), Sociedad Rural (SRA), Confederación Agropecuaria (CONINAGRO), Cámara de la Construcción (CAMARCO) y Cámara de Comercio (CAC).

Preocupado por la recesión y su impacto en un año electoral, Sica busca ahora contener con nuevas medidas el creciente malestar empresario, lo que en las últimas semanas desembocó en la inusual confluencia de las entidades rurales, las cámaras de comercio e industriales para exigir un "cambio de rumbo".

Las quejas por las altas tasas de interés, las subas de tarifas y la presión impositiva motivaron el anuncio reciente de la rebaja de aportes patronales a las economías regionales y la "aclaración" por parte de la AFIP de que la suba de intereses por deudas tendrán un tope del 3% para las Pyme.

En ese contexto, la versión 2.0 de la Ley Pyme podría ser la vía para relanzar un intento de reforma laboral, hoy bloqueada por los gremios y el peronismo parlamentario.

Buena parte de los cambios en estudio ya figuran en los tres proyectos laborales elaborados por el exsecretario de Trabajo Jorge Triaca que duermen en el Senado. Todos estos ítems no estaban previstos hasta hace poco en la nueva Ley Pyme, centrada en reponer líneas de financiamiento oficial a tasas diferenciales y aliviar la carga tributaria del sector.

Pero la idea que barajan ahora dentro de Producción y Trabajo es que la normativa sirva además como una especie de "Mamushka" o muñeca rusa, con cambios laborales en su interior destinados a eludir la resistencia gremial y sentar un antecedente de reforma parcial de la legislación del trabajo.

Se trata de un camino alternativo a las mesas sectoriales, en donde el Gobierno viene chocando con la negativa de los sindicatos a revisar sus convenios laborales. El camionero Pablo Moyano dio a conocer la semana pasada que "sacó cagando" a los empresarios de la Federación del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) ante el pedido de modificar al menos 20 puntos de la convención colectiva, entre ellos las indemnizaciones, la jornada laboral y el pago de adicionales.

Una actitud similar ya habían adoptado en diciembre y enero los textiles, metalúrgicos y marítimos. 

Mientras tanto, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, rechazó el martes de "plano y en forma total" la iniciativa del Gobierno nacional de reformular los denominados "regímenes diferenciales" laborales del sector, en una reunión que contó con la presencia de los principales gremios del transporte.

Presión empresarial

La preocupación renovada de Sica por las Pyme responde a las advertencias que recibió por parte de las cámaras sobre la dificultad para sostener el empleo en la antesala de las elecciones de octubre, previo a lo cual los economistas esperan una suba del dólar.

El titular de CAME, Gerardo Diaz Beltrán, se lo trasmitió el jueves pasado durante una reunión en la que conversaron sobre el nuevo proyecto de ley con el que los empresarios Pyme buscan una ampliación de beneficios fiscales en zona fronteriza, suspensión temporal de ejecuciones fiscales y embargos, el adelanto de rebaja de contribuciones patronales, la reposición de la línea de créditos productivos y la reducción de tarifas energéticas y ahora también la "modernización" de la legislación laboral, sobre lo cual todavía no fueron consultados los gremios.

"Estamos evaluando los comentarios de los empresarios, no implica que se va a sumar todo, pero estamos trabajando", reconocieron fuentes oficiales.

A principios de febrero, Díaz Beltrán presentó su propuesta laboral durante una audiencia con el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, a quien le planteó la necesidad de adaptar la jornada laboral según el ritmo de actividad como existe en convenios del sector automotriz y siderúrgico, la modificación de las tareas asignadas al personal y una amnistía a los empresarios que blanqueen personal, de manera de protegerse de eventuales juicios por las remuneraciones y cargas impagas.

Tanto el banco de horas como el cambio de tareas son habituales en el rubro comercio, pero los empresarios admiten que se exponen a enfrentar reclamos en la Justicia por ser prácticas ilegales.

"El Gobierno se dio cuenta de la gravedad en la que están las Pyme, saben que si no actúan rápido va a haber un descalabro. Pero también hay que revisar lo laboral porque Brasil ya hizo reformas agresivas", señalaron desde CAME.

Así, en medio de los reparos del sindicalismo, la expectativa oficial es avanzar en las empresas de menor tamaño, en donde la afiliación sindical es tres veces más baja que en las grandes debido a la informalidad laboral. 

Las Pyme también forman parte de la agenda del flamante Consejo Asesor del Trabajo, el órgano de "notables" creado por Sica para asesorarse en políticas de empleo, conflictividad y la legislación del trabajo.

Según pudo saber iProfesional, el comité encabezado por el exjuez Julio Simón comenzó a relevar el jueves pasado en su primera reunión el peso y la carga impositiva de las pequeñas y medianas empresas en países desarrollados.

Pero el lanzamiento del organismo generó ruido en la Secretaría de Trabajo, en donde temen que los asesores de Sica limiten el accionar de la dependencia subordinada a Producción. La discusión -minimizada por las autoridades- afloró la semana en el primer encuentro entre Aparicio y la comitiva integrada por Simón, Abel de Manuele, Leonardo Ambessi y Miguel Angel Massa, quienes tras defender su rol de consejeros "externos" se retiraron en forma abrupta de la reunión.

Cierre de empresas

Según la Secretaría de Transformación Productiva encabezada por Paula Szenskman, las Pyme representan el 99,8% de las 609.000 empresas existentes en Argentina y dan trabajo a 4,9 millones de empleados formales de un total de 6,4 millones.

Los últimos datos de AFIP, sin embargo, muestran que desde diciembre de 2015 a octubre del año pasado se registró el cierre de 9.493 empresas, lo que equivale a la desaparición de 8 firmas por día, una cifra que se eleva a 20 si se compara octubre pasado contra el mismo mes del año previo.

Las luces de alerta se terminaron de encender en los despachos oficiales a partir de los datos confidenciales que maneja Szenksman, a cargo de las estadísticas de Producción y Trabajo. Estos revelan que la caída de la recaudación, el aumento de la morosidad y el incremento de concursos y quiebras es más grave en el sector de las Pyme.

Por caso, el "tablero de la economía real" difundido por esa secretaría muestra que 39 de 53 indicadores ya están en rojo. Entre ellos, destacan los préstamos para consumo con una caída del 100% interanual en enero, y el plan de cuotas Ahora 12 al que recurren las empresas pequeñas y medianas, cuyas operaciones retrocedieron un 21% en septiembre.

Además de la situación económica y las críticas del empresariado, el macrismo enfrenta las presiones de la oposición en el Congreso, que tomó como bandera propia los reclamos de las pequeñas y medianas empresas.

El legislador del Frente Renovador y empresario textil, Jose Ignacio de Mendiguren, anunció la semana pasada que presentará una Ley de emergencia Pyme en la comisión de Industria que preside en Diputados, mientras que el senador Miguel Pichetto ya presentó una iniciativa este mes para declarar la emergencia fiscal por 180 días.

Las medidas en ambos casos recogen las demandas de un alivio en las tasas financieras, impuestos, embargos y tarifas. Este último punto, además, también aglutina al sindicalismo duro y a los intendentes peronistas que preparan acciones de cara a la audiencia pública por incrementos tarifarios del próximo 26 de febrero.