En plan de intervenir para cuidar el empleo

El ministro de Trabajo admitió que la crisis internacional impactará en el mercado laboral argentino. Sin embargo, negó que se pudiera hablar de crisis y entregó datos que todavía muestran creación neta de puestos. Herramientas legales y políticas para resguardarlos. Por David Cufré

El balance entre creación y destrucción de puestos de trabajo en octubre, el peor mes de la crisis financiera, arrojó un resultado positivo de 0,02 por ciento. El dato lo presentó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, para desmentir que la situación del empleo sea alarmante, pero también para reconocer que “empieza a haber algunos despidos, algunas tensiones” que obligan al Gobierno a intervenir. El funcionario reveló que el mes pasado la cartera laboral detectó a través de sus oficinas en todo el país que 150 personas fueron cesanteadas. Sin embargo, el Ministerio encaró negociaciones en todos esos casos para buscar su reincorporación. También lo hizo frente a los anuncios de despidos masivos de Easy, Mercedes-Benz y General Motors, los dos primeros neutralizados y el último en vías de solución. “Vamos a enfrentar el nuevo escenario con una lógica distinta a la de los ’90. Vamos a proteger el empleo”, anunció Tomada.

La evaluación del Gobierno a esta altura de la crisis internacional es que “habrá un impacto inevitable sobre el nivel de actividad económica y, en consecuencia, sobre el mercado de trabajo”, según manifestó el ministro en conferencia de prensa. Lo acompañaron su segunda, Noemí Rial; la subsecretaria de Estudios Laborales, Marta Novik, y la directora nacional Emilia Roca. Sin embargo, el ministro recalcó que no se puede hablar de crisis: “Crisis es lo de España, adonde echaron a 800.000 personas. Acá son 150”, afirmó. De todos modos, concedió que el panorama es lo suficientemente perturbador como para “actuar con mucha decisión”. “Debemos evitar las profecías autocumplidas y el acto reflejo de apelar al despido como primera reacción frente a un bajón económico”, explicó.

El saldo de 0,02 por ciento de aumento de la tasa de ocupación durante octubre refleja que se estancó la generación de empleos, pero al menos por ahora no hay caída. La evolución hasta septiembre era más favorable. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, cuyos resultados entregó también Tomada, en el tercer trimestre hubo un aumento en la generación de puestos de trabajo formales del 0,9 por ciento respecto del trimestre anterior y una suba de 5,0 por ciento contra igual lapso de 2007 (ver aparte). Estos datos son coincidentes con la reducción de la desocupación a 7,8 por ciento que anunció anteayer la presidente Cristina Fernández. Las mayores dificultades parecen venir de ahora en más.

Tomada admitió que durante octubre se iniciaron ante su cartera diecisiete Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), cuando lo habitual hasta agosto eran dos o tres presentaciones mensuales. Los PPC obligan a las empresas que pretendan aplicar suspensiones o despidos generalizados a informarlo al Ministerio de Trabajo. Las compañías deben justificar la medida, entregar información detallada de la evolución de sus negocios y mostrar los últimos tres balances, entre otros requisitos. La cartera laboral consigue de ese modo dilatar los tiempos e iniciar una negociación con la empresa y el sindicato del sector para buscar una salida alternativa.

Fue lo que ocurrió ante el reciente anuncio de Mercedes-Benz de que cancelaría un turno completo de producción y dejaría en la calle a 536 operarios contratados. “Nos sentamos en una mesa con la compañía y con Smata y acordamos resguardar todos los puestos por un año. No habrá ningún despido. La terminal automotriz dejará de producir los fines de semana”, explicó Rial. Los trabajadores sufrirán una merma en sus ingresos de bolsillo, pero “lo más importante es preservar los empleos”, agregó la viceministra.

La estrategia oficial para resguardar las fuentes laborales contempla la utilización de diversas herramientas legales y políticas. Rial señaló que el Ministerio de Trabajo le acaba de cancelar los beneficios de la promoción industrial a una fábrica de Tierra del Fuego que expulsó personal, tal como lo marca la ley de empleo. La cartera laboral también reflotó el Programa de Recuperación Productiva, que concede ayuda a empresas que mantengan a sus empleados. A su vez, Tomada adelantó que a futuro se podrían orientar los fideicomisos para el consumo que hasta ahora financian las AFJP a la compra de bienes producidos en el país. Eso podría ocurrir luego de la aprobación de la ley que termina con la jubilación privada.

Las reuniones que Tomada mantiene con las principales cámaras empresarias se inscriben en la misma lógica de intervención. “Les vamos a exigir a las asociaciones bancarias que revean todas las medidas de achicamiento de plantas que tomaron en las últimas semanas”, sentenció el funcionario. En este momento está vigente la conciliación obligatoria en el sector luego del anuncio de medidas de fuerza que había lanzado La Bancaria. Tomada precisó que numerosos bancos cancelaron contratos temporarios, empleos a prueba y otros contratos por tiempo determinado a medida que fueron venciendo.

Rial apuntó que el Gobierno controlará que las agencias de empleo temporario cumplan con la ley y mantengan por 45 días a los trabajadores que hasta el momento se desempeñaban en bancos. Las agencias son las responsables legales de esos contratos y están obligadas a seguir pagándoles el sueldo a los empleados por ese lapso, aunque los bancos desistan de sus servicios.

Tomada también se entrevistó con la Unión Industrial Argentina y con la Cámara de Comercio para advertirles que el Gobierno tendrá una actitud “muy activa” para defender la ocupación. Lo mismo hizo con sectores sensibles frente a la turbulencia internacional. Se juntó con las cámaras de calzados, juguetes, marroquineros, cuero, carne, vidrio, textiles, indumentaria y metalúrgicos. “Nos dijeron que su mayor preocupación son las importaciones y nos pidieron mantener los controles en la Aduana”, señaló el ministro. “Les explicamos que el despido tiene que ser la última instancia. Hay caminos alternativos para evitarlo”, aseguró. El objetivo del Gobierno, completó, es administrar una situación complicada, pero que está lejos del dramatismo de otras épocas. “En 1998, cuando Argentina entró en recesión, el empleo empezó a caer a pedazos. Estamos muy lejos de aquella realidad”, describió.

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