Los manejos espurios en las licitaciones no sólo incluyen a las grandes obras públicas, sino a los pequeños trabajos que se hicieron en los municipios bajo el programa Más Cerca. La iniciativa que manejaba el Ministerio de Planificación administraba fondos que se otorgaban a los intendentes para la concreción de cuestiones básicas como construcción de plazas, veredas, cordones y parques. El Gobierno ya tiene listo un replanteo del plan que incluirá, además, el cambio de nombre y un detalle fino de lo que se otorga.

Actualmente, el que lleva política y operativamente las riendas del mismo es el subsecretario de Asuntos Municipales, Lucas Delfino, que instruyó a sus técnicos para reformular el modelo utilizado. Es el propio funcionario el que a diario dialoga con los jefes comunales para monitorear lo que hubo en materia de desembolsos y lo que habrá de cara a un 2017 electoral en el que el macrismo destinará importantes volúmenes de dinero a la obra pública.

El desbarajuste a ordenar no es menor. Para verlo sirven algunos ejemplos que se encontraron y a los que tuvo acceso Letra P. En el distrito de General Madariaga se está realizando una investigación especial: en todo el año 2012 se anunció un plan para concluir una dependencia para un colegio rural, con obras para que los alumnos durmieran y tuvieran acceso a vestuarios deportivos dentro de un complejo para la práctica de actividad física. Un año después, llegó una partida de dos millones de pesos, pero se colocaron algunos postes de luz y se hicieron dos playones deportivos de cuatro que estaban previstos e incluidos en el presupuesto. Aún no se sabe en qué se usó el dinero. En paralelo, se encontraron siete millones de pesos para un jardín maternal que nunca se construyó, caso por el cual hay una demanda penal.

En Brandsen, provincia de Buenos Aires, se decidió en 2014 destinar dinero para compra de juegos de plaza. Se compró sólo un mangrullo grande por un valor de 86 mil pesos. Hoy, ese mismo esquema de juegos vale 16 mil pesos. En la misma zona, seis cuadras de cordón cuneta se tasaron en 501 mil pesos, pero se hicieron sólo dos cuadras.

La Subsecretaría de Asuntos Municipales, que funciona bajo el ala del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, analizó, además, obras en el interior del país. En Tucumán, el expediente 106_13 da cuenta de una red de cloacas para una calle por un monto de 589.130 pesos, el convenio incluía nuevas cloacas de la cuales ya estaban realizadas. Allí se facturaban obras por un monto menor a 150 mil pesos porque por un monto menor a ese no había que hacer licitaciones. El Gobierno fraccionaba obras grandes en muchas pequeñas para ir a contratación directa.

En la comunidad de Trinidad, en tanto, la subsecretaria de Vivienda de la Nación y el ente de saneamiento hicieron convenio por dos millones de pesos por cordones cuneta y veredas. Finalmente, en la cuenta bancaria aparecieron cuatro millones de pesos. Percibió de este ente nacional de obras hídricas de saneamiento 116.000 millones para 254 obras y 111 obras están  sin terminar. Asimismo, la subsecretaria de Vivienda y Desarrollo urbano transfirió 537 millones para 600 obras. Se terminaron 116 pero la plata se transfirió en su totalidad. Por recursos hídricos se transfirieron 85 millones de pesos, se rindieron 66 y quedan sin rendir 19, con la mitad de las obras sin terminar. Hoy hay 20 millones de pesos en la cuenta de la provincia de Tucumán que no están presupuestados en los convenios.

Los que trabajaron monitoreando los números heredados por el macrismo aseguran que hubo cinco meses de paralización casi total de las obras que tenían financiación de la Nación. Desde julio del año 2015, la entonces Subsecretaría de Vivienda resolvió la suspensión progresiva de los pagos a los institutos provinciales de Vivienda y municipios con los que tenía acuerdos. Así, todas las obras en ejecución se paralizaron y, entre enero y febrero de este año, las empresas constructoras a cargo comenzaron a despedir personal. Al 10 de diciembre, la cadena de pagos estaba totalmente cortada, generando gran incertidumbre en las provincias, las constructoras y los obreros de la construcción afectados a las obras, según explican en Interior.