¿Qué balance haces de estos primeros dos años de gestión en la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires?

 

El balance es sumamente positivo, porque más allá de nuestro rol como organismo de control de la gestión del Gobierno, estamos llevando adelante un fuerte trabajo de reestructuración interna. Después de ocho años, la Auditoría tuvo el concurso estipulado por el Convenio Colectivo de Trabajo, habiendo quedado vacantes de valiosos profesionales que renunciaron u obtuvieron el beneficio jubilatorio. Además, encaramos un proceso de despapelización, digitalización e informatización, y se está implementando un nuevo Sistema de Recursos Humanos. Asimismo, el organismo participa de la separación de residuos contando con los cestos correspondientes a basura y reciclado en cada oficina. Obtuvimos, en esta primera etapa, el sello GIRO (Gestión Integral de Residuos de Oficina). Por otra parte, esta la posibilidad de que la Auditoría porteña tenga un edificio propio acorde a las necesidades operativas, reduciendo de esta manera el gasto de alquileres que pagamos actualmente. Continuamos y reforzamos la capacitación de los agentes a través de cursos dictados en la Auditoría. Celebramos diferentes convenios, como por ejemplo, con el Instituto de la Carrera, entre otros. También hemos marcado una agenda con los diferentes gremios de la casa a través de seminarios y jornadas que permitieron concientizar a los trabajadores en temas de importancia como la Violencia de Género, la Violencia Laboral, cursos de Primeros Auxilios y de Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP). Asimismo, se logró acercar al Ministerio de Salud de la Ciudad al organismo por primera vez para la vacuna antigripal como medida preventiva para nuestros trabajadores, quedando para los próximos años en la agenda del Ministerio. Seguramente nos queda mucho por hacer los próximos dos años y es muy importante destacar que los siete auditores que componen este Colegio seguiremos trabajando en la modernización de nuestro organismo.

 

Con respecto a la planificación de 2018, ¿Ya elevó la Auditoría el Plan Anual a la Legislatura?

 

Sí, se votó a fines de diciembre en una de las últimas reuniones del Colegio y desde la Presidencia fue elevado a la Legislatura porteña.

 

 

 

¿Cómo es el proceso que llevan adelante para luego definir qué es lo que se va a auditar?

 

El plan anual de informes es el que organiza la función específica para la que fue creada la Auditoría de la Ciudad en 1999, según lo señalado en la Constitución porteña. Debe controlar las obras, gestiones, actos de gobierno y presupuesto del año anterior, ya que son auditorias ex post. La Auditoría es un organismo externo, dirigido por un cuerpo colegiado de siete miembros que representa la diversidad parlamentaria local. El plan anual en primera instancia es planteado por las áreas técnicas de cada una de las Direcciones Generales que componen el organismo presentando una propuesta base. Posteriormente, el cuerpo colegiado trabaja con las propuestas de las distintas Direcciones, analizando sobre ellas para luego aprobarlo y elevarlo a la Legislatura, de la cual depende la Auditoría.

 

Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría y representante del Frente para la Victoria, votó negativo la planificación. ¿Por qué no pudieron llegar a un consenso?

 

La Planificación planteada para este año cumple con lo que estipula la Constitución. Como sucede cada año, se generan discusiones y se buscan consensos intentando, más allá de las disidencias, votar como cuerpo colegiado por unanimidad. Lamentablemente, y a pesar de contar con un plan que contempla áreas sensibles del gobierno, como por ejemplo y sólo para mencionar uno, "La integración y transformación de la Villa 20", propuesto por el Frente para la Victoria, ésta vez, se elevó a la Legislatura el Plan de Auditoria 2018 con seis votos positivos y uno negativo. Fueron muchísimas las charlas y debates. Hay que tener en cuenta que ciertas auditorías aún están pendientes o realizándose de años anteriores, como por ejemplo "La obra de Paseo del Bajo". Más allá de las diferencias ideológicas en temas institucionales, siempre buscamos lograr que el cuerpo colegiado vote por unanimidad, esta vez no lo pudimos lograr. La representación actual que tiene la Auditoría es de siete miembros, de los cuales, cuatro son de Vamos Juntos, dos del Frente para la Victoria y uno de Suma+. Producto de esa búsqueda de consenso a la que siempre hago referencia, la votación concluyó seis a uno.

 

¿Daña la imagen institucional que el resultado de la votación haya sido seis a uno?

 

En lo personal, soy sumamente respetuosa de las diferentes opiniones y trato de acercar posiciones mediante el diálogo y el consenso porque claramente de eso se trata la democracia.  Seguramente no es lo ideal, aunque considero que pudimos llegar a un consenso que contempla que se audite áreas importantes de la gestión del Gobierno, como el mantenimiento de la red pluvial, la obra del Arroyo Vega, las obras en la Villa Olímpica para los Juegos que se desarrollarán este año en la Ciudad, la integración y transformación de la Villa 20, el Instituto Superior de Seguridad Pública, la infraestructura del Nivel Primario, el Sistema Global de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las escuelas, los módulos de Enfermería en los hospitales, el Servicio de Recolección de Residuos Patogénicos, la implementación de la Historia Clínica Electrónica, los contratos terciarizados de prácticas y tratamientos en hospitales, Copidis, la Dirección General de Asistencia a las Víctimas de Violencia, la Dirección General de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ente de Turismo, la Usina del Arte, el Padrón de Patentes y el Empadronamiento Inmobiliario dependiente de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos, entre otras. Nuestro trabajo continúa y aspiro que este año podamos seguir acercando posiciones ya que es importante que el cuerpo colegiado se ponga de acuerdo de manera conjunta siempre pensando en cumplir como corresponde el rol de este organismo de control, que no es ni más ni menos que controlar los recursos que el Estado utiliza para llevar adelante las políticas públicas, buscando el bien común de los vecinos de la Ciudad.