Si hay un síntoma de fin de ciclo de Cristina Kirchner entre el empresariado es la cantidad de obras anunciadas que, bajo ningún análisis razonable, finalizarán bajo su mandato.

Se trata de una vieja costumbre de presidentes y gobernadores para mover dinero cuando sus mandatos agonizan. Cristina puede justificarlo en parte por la urgencia de atraer dólares, necesarios para evitar otra corrida cambiaria que obligue a una nueva devaluación.

Pero no todos los proyectos puede enmarcarse en ese problema. El martes la presidenta anunció el fastuoso Polo audiovisual de la Isla Demarchi, que consta de un edificio de 335 metros, el más alto de Latinoamérica y apenas por debajo del Chrysler Building y el Empire State, las dos torres que ilustran el centro de New York.

La obra requiere una inversión de 2500 millones de pesos, se la disputaron por años Cristóbal López y Eduardo Elsztain pero quedó a cargo de Riva S.A. A Cristina no le importó que aún no tenga la autorización de la Legislatura porteña, dominada por Macri.

Menos le interesó dejar atrás a uno de los empresarios emblema del kirchnerismo, si eso sirve para poner a rodar la maquinaria y evitar que proyectos ideados por su gestión queden cajoneados en 2016. De eso se trata.

Un caso testigo son las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, adjudicadas el año pasado a Electroingeniería en UTE con el Grupo chino Gezhouba, en una sospechosa maniobra porque para triunfar presentaron una carta de descuentos y redujeron el valor a un precio incluso por debajo de la obra.

Otra jugada de la firma vinculada a Carlos Zannini fue ignorar los costos de los seguros, torpeza que hizo que Kicillof chocara contra la pared en diciembre, cuando en China supo que no había aseguradoras dispuestas a intervenir en una obra de Argentina.

Ni la visita del presidente chino Xi Jinping ni el reciente viaje del ministro de Economía y Julio De Vido a Beijing lograron ponerle fecha de inicio a las obras.

¿Por qué tanta insistencia a poco más de un año de irse? Para un empresario del sector no hay duda: “Quieren empezarlas porque saben que otro Gobierno las paraliza. La obra no es mala pero la ubicación sí, porque debería hacerse más cerca del centro del país”.

De hecho, tal como informó LPO, un informe de la Secretaría de Energía e 2006 que evaluó condiciones de factibilidad de 30 proyectos de inversión colocó a estas represas en los puestos 23 y 25.

“No se conoce la potencia óptima a instalar, ni los riesgos geológicos, hidrológicos, ambientales y económicos no están aún suficientemente calibrados”, rezó aquel informe oficial.

Prevenido, en el último road show que Julio De Vido hizo en Rusia con empresarios argentinos garantizó que los proyectos serían en asociación con corporaciones estatales y no haría falta seguros. El principal beneficiado fue Eduardo Eurnekian, quien proyecta participar de la represa de Chihuido I, en Chubut, una licitación que ya se cayó dos veces.

En China, De Vido negoció un financiamiento para Atucha III, la central nuclear planificada en Zárate, al lado de su similar Atucha II, que ni siquiera funciona en su totalidad. ¿Cuál es el sentido de empezar con la otra?. Que empiece, ni más ni menos. 

Si las represas del sur no comienzan a levantarse, Electroingeniería podría llamar a concurso de acreedores por su pésimo estado financiero, que obligó a sus dueños a pedir financiamiento a los bancos con una tasa del 36%.

No es la única empresa ligada al Gobierno en aprietos. Tras las denuncias de Periodismo para Todos Lázaro Báez dejó de ser beneficiado con la adjudicación de rutas, que por años le concedió sin reparos el secretario de Obras Públicas, José López, un viejo amigo de Néstor Kirchner.

La salida de Báez dejó paralizada varias carreteras como la doble trocha de la ruta 3 que une Trelew con Puerto Madryn, en Chubut. Lázaro no quiso seguir y el director de Vialidad nacional, Nelson Perotti, le aseguró recientemente al gobernador Martín Buzzi que volverá a llamar a una licitación para que esté finalizada a fines de 2015. Cuando se vaya Cristina.

“Perotti y López están readjudicando rutas desde hace un año, tras una década dándoselas todas a Lázaro, que no era un empresario del sector e hizo un desastre. Lo bueno es que hoy el Gobierno paga", dicen los empresarios.

Destacan, además, que la caja del Gobierno sigue siendo la principal para su trabajo. “Las provincias están desfinanciadas. Sólo pueden construir Capital Federal, Santiago del Estero, que está favorecida por la coparticipación; San Juan, que recibe fondos por la minería y sólo un poco Neuquén. La Nación recauda una fortuna y paga”. Claro que, a esta altura, poco importa si las obras finalizan.