El plan anticrisis: separando la paja del trigo

Por Horacio Costa. Economista. Director Ejecutivo de DPA Consultores.

En las últimas semanas, el Gobierno anunció, en el marco de un plan que ha denominado ‘anticrisis’, una serie de medidas para aumentar la demanda y favorecer la producción y el empleo.

De esta manera, pretende mitigar la notoria desaceleración de la actividad económica que amenaza con un freno inédito, ya que la tasa de crecimiento del orden de 9% de los últimos cuatro años, que pasó a cerca de 2% en el último cuatrimestre del corriente año, apunta a cero o negativo en 2009.

El inicio fueron los proyectos de moratoria, blanqueo de capitales e incentivos al empleo, a lo que siguió el otorgamiento de préstamos por $13.200 millones distribuidos entre créditos para consumo, prefinanciación de exportaciones, compra de automóviles, créditos para PyMEs, turismo y otros. Recientemente, se añadieron la eliminación de la tabla de deducciones del impuesto a las ganancias que implica un aumento de salario de bolsillo del orden de los $2.700 millones anuales, un pago adicional de $200 a los jubilados que implican $1.000 millones y un plan de obra pública plurianual de $111.000 millones hasta el año 2011, que llevaría la inversión pública en 2009 a $ 57.000 millones.

La clave para evaluar la factibilidad de implementación de las medidas anunciadas y la mejora potencial en la actividad económica es el tipo de financiamiento asociado a cada una. Veamos:

n Las fuentes de financiamiento de los nuevos préstamos serán, según lo anunciado, $10.000 millones de depósitos en bancos y el resto originados en la cancelación de colocaciones de fondos en Letras y Notas del Banco Central.

En consecuencia, el impacto inicial en la demanda no será significativo, ya que los depósitos en los bancos ya se encuentran prestados. De modo que, de mantenerse el encaje bancario sin variantes, para dar un nuevo préstamo deberá cancelarse el anterior, y la demanda quedará inalterada.

n En cuanto al Plan de Obra pública, según lo anunciado, $33.000 millones están contemplados en el Presupuesto 2009 y $3.500 millones surgirían de ahorro de subsidios al sector energético que también se encuentran contemplados en el Presupuesto 2009. Por lo tanto, la capacidad de financiamiento de ambos conceptos dependerá de la evolución de la recaudación y del gasto público corriente. Por otra parte, $2.500 millones provendrían de créditos del BM y BID, $6.000 millones de financiamiento privado y $12.000 millones de créditos del BNDES, BNA y ANSES.

n La reducción del impuesto a las ganancias para los salarios mayores a $7.000 y la suma adicional para los jubilados implican menor recaudación y mayor gasto público, respectivamente.

Dado que, tanto los fondos provenientes de reorientación de depósitos y de financiamiento privado, como la inversión pública prevista en el Presupuesto 2009 y la financiada con reasignación de subsidios al sector privado no implican expansión de la demanda agregada, sólo $15.700 millones (21.2% del total) correspondientes a la reducción del superávit fiscal y a la nueva emisión monetaria, tendrán impacto adicional en el nivel de actividad.

Esta conclusión no sorprende, sino que reafirma las dificultades y restricciones que existen en nuestro país para aplicar políticas efectivamente anticíclicas. En efecto, en la dinámica que se encuentra la economía desde hace más de un año, con dolarización de los ahorros, caída de depósitos y crédito, freno a la actividad económica, menor recaudación y ausencia de financiamiento externo, se requiere de un proceso de reconstrucción de la confianza interna y externa para que la expansión fiscal o monetaria implique un aumento en la demanda y en la actividad.

Si el Gobierno pretende que la población gaste más para revertir la fuerte desaceleración económica, y vuelva a confiar en su capacidad de gestión, no lo logrará con paliativos de poco efecto y, aún menos, con decisiones que deterioran el marco institucional, como la estatización de los fondos previsionales, el manejo discrecional de los mercados de crédito y de capitales, ni moratorias impositivas y blanqueos de capitales, que deterioran la confianza que es imperioso restituir.

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