Plaguicidas: "La complicidad llega hasta las entrañas del gobierno"

Plaguicidas:
San Jorge.— Tras intervenir en la elaboración de un informe técnico para el recurso de amparo que concedió la Justicia en San Jorge para proteger a vecinos de la aspersión de agroquímicos, el titular de la Fundación para el Desarrollo (Funam), Raúl Montenegro, explicó a La Capital los efectos de los plaguicidas en la población y atribuyó complicidades al gobierno.
Montenegro, biólogo y profesor de biología evolutiva humana de la Universidad Nacional de Córdoba, en 1994 fue distinguido en el Parlamento sueco como Premio Nobel Alternativo por sus tareas en defensa del ambiente. Participó en el caso San Jorge en la fundamentación del pedido de amparo para la inmediata suspensión de las aspersiones y en la elaboración de un informe que la abogada Gabriela Ferrer elevó al juez Tristán Martínez, quien dio curso al amparo interpuesto por vecinos y el Centro para la Protección de la Naturaleza (Cepronat).

   En 2006 disertó sobre los efectos de los plaguicidas ante alumnos secundarios de Las Petacas. Allí, y alertados por los conocimientos que incorporaron, varios menores reconocieron que trabajaban como banderilleros humanos, contratados o para ayudar a sus padres, propietarios de los campos sembrados.

   Para Montenegro, "el de San Jorge, como otros casos en el país, son excepcionales. La mayoría de las poblaciones en la zona agraria sigue bajo pulverización de agroquímicos, sin mecanismos de protección. El amparo judicial es bienvenido pero falta muchísimo por recorrer para evitar que ocurra en todas las poblaciones".

   —¿Cómo cree que ayudará en estos temas la creación de la Comisión para la Investigación, que decretó la presidenta Cristina Fernández, en enero?

   —La problemática con los agroquímicos llegó a este punto por la ausencia total del Estado. Es otro signo de desentendimiento de las autoridades sanitarias y ambientales de las provincias y la Nación. Nunca se llega al fondo, que es fijar los daños que producen a las personas la exposición a pequeñas dosis de plaguicidas, para luego implementar mecanismos serios de preservación. La decisión presidencial es chica y no guarda relación con lo que está pasando en el país.

   —¿Los agrónomos saben del impacto de los plaguicidas?

   —No. Ellos son parte del sistema que controla efectos en dosis masivas de plaguicidas. Es abrumador ver que los agrónomos no tiene datos técnicos suficiente sobre los efectos que generan en humanos las bajas y permanentes dosis de tóxicos. Los plaguicidas como 2,4-D, glifosato y endosulfán tienen en su formulación sustancias cloradas que actúan sobre el organismo como si fueran hormonas. La legislación argentina está preparada para los casos de intoxicaciones agudas pero no contempla la circunstancia de quienes se enferman por la exposición a bajas dosis en tiempos prolongados. Con ese vacío, en ningún momento se relacionan las muertes o las enfermedades con los marbetes de los plaguicidas que indican que son de baja toxicidad, pero no anuncia que son disruptores endocrinos. Es una verdadera tragedia porque quien recibe esta contaminación y sufre ruptura en el sistema hormonal puede desencadenar enfermedades tan numerosas como disímiles.

   —¿Se puede medir el daño?

   —No existen estudios o registros públicos de mortalidad. Si doy un ejemplo patético puedo decir que sería como si el gobierno tuviera complicidad con Monsanto. Al no hacer estudios epidemiológicos no se puede fijar cuántas personas mueren o sufren enfermedades relativas a agroquímicos. De ser así, se sabría el efecto de éstos.

   —¿Es difícil saber el grado de contaminación?

   —Hay que dividirlo en dos. Una es la contaminación histórica de su propio organismo. Si hacemos una muestra de sangre de alguien que vive en un departamento en el centro de la ciudad es muy probable que le hallemos DDT, sus derivados y otro tipo de contaminantes que hoy están prohibidos, pero en décadas pasadas se usaron. Luego fueron transferidos por vía placentaria o mamaria a las siguientes generaciones. Quienes viven en zonas expuestas a los agroquímicos, suman los efectos contaminantes y ese cóctel químico potencia las propiedades de modificar el sistema endocrino. No basta con tener ver los efectos contaminantes de los agroquímicos actuales.

   —¿El sistema de salud está preparado para afrontar las consecuencias de plaguicidas?

   —Los médicos son los primeros que detectan enfermedades y síntomas, pero al no haber epidemiología no tienen base científica para atribuir las causas directamente.

   —¿Cuál es la salida?

   —Mientras se conside más importante la codicia de productores y de grandes empresas, sólo quedan recursos como el de San Jorge. La gente desesperada pide a la Justicia que interceda pues nadie la defiende. El Estado mira para otro lado, los jefes comunales suelen ser productores o no quieren perder la simpatía del agro. Hay casos como el de Alfredo De Angeli en Entre Ríos, que pelea contra una pastera pero contamina a sus vecinos. La complicidad entre la codicia y los sectores de interés llega hasta las entrañas del gobierno.

   —¿De modo que queda mucho camino por recorrer?

   —Sí. No puedo olvidar los casos de niños bañados por plaguicidas o el de Colonia Tirolesa (Córdoba), en el que prepararon un cóctel químico para el sembrado al lado de una escuela y casi muere un niño por intoxicación aguda. Advierto a las autoridades que no tenemos todo el tiempo, no se puede esperar que los profesionales asuman su incompetencia o generen nuevos mecanismos de aprendizaje para enfrentar efectos de las bajas dosis. Al no saberlo, son cómplices silenciosos.

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