Las extrañas y onerosas contrataciones por empresas vinculadas a Lázaro Báez de servicios de un hotel patagónico controlado por una sociedad que tiene a la presidentaCristina Kirchner como accionista no sólo llaman la atención por el hecho de haberse alquilado habitaciones sin ser ocupadas. También sorprende porque negocios de esta clase se hallan prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, al tiempo que podrían resultar violatorios del Código Penal.

Lo cierto es que el fuerte incremento patrimonial de la familia Kirchner durante los años en que Néstor y Cristina ocuparon la Casa Rosada ha estado relacionado operaciones poco transparentes en el rubro hotelero

Según el Código de Ética mencionado, un funcionario no puede prestar servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean proveedores de éste.

El artículo 23 de este código establece que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, además de abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.

El artículo 26 indica que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.

Los antecedentes de estos negocios van más allá de Báez

El artículo 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. No puede, igualmente, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios o que sean proveedores del Estado, ni mantener vínculos que le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por el órgano o entidad en la que se encuentre desarrollando sus funciones.

El Código Penal contempla una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo (artículo 265). También reprime con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva (artículo 266).

Todo esto alimenta las sospechas de intercambios de favores entre contratistas de obra pública y los Kirchner, bajo la pantalla de los servicios de hotelería

La Justicia debería investigar si los negocios particulares entre Lázaro Báez y empresas de la familia presidencial no se inscriben en esta clase de irregularidades.

Lo cierto es que el fuerte incremento patrimonial de la familia Kirchner durante los años en que Néstor y Cristina ocuparon la Casa Rosada ha estado relacionado operaciones poco transparentes en el rubro hotelero.

Los antecedentes de estos negocios van más allá de Báez. Hacia 2008 se conoció que el matrimonio Kirchner recibía un pago mensual de 105.000 dólares -que subió a 210.000 dólares el segundo año- por el alquiler de su hotel boutique Los Sauces, ubicado en El Calafate, por parte de una sociedad encabezada en aquel entonces por Juan Carlos Relats, empresario ya fallecido que era propietario del hotel Panamericano de Buenos Aires y concesionario de numerosas obras viales y de infraestructura nacionales.

Como en el caso de las habitaciones que Báez contrataba y no usaba en el hotel Alto Calafate, siempre hubo dudas sobre la rentabilidad del alquiler del hotel Los Sauces por parte del grupo de Relats, dado que sus 18 lujosas habitaciones se hallaban la mayor parte del año desocupadas y esto generó importantes pérdidas a la compañía operadora. Contrariamente, a Néstor Kirchner ese contrato le sirvió para justificar un incremento patrimonial del 158% en el año 2008.

Todo esto alimenta las sospechas de intercambios de favores entre contratistas de obra pública y los Kirchner, bajo la pantalla de los servicios de hotelería..