El piloto de la muerte volará para ser juzgado

La justicia española acordó extraditar a la Argentina al ex piloto militar argentino Julio Alberto Poch para ser juzgado por su presunta participación en los vuelos de la muerte. Tras intentar sin éxito evitar el proceso en nuestro país, Poch manifestó hace algunos días su voluntad de ser extraditado y sometido a "un juicio justo".
El tribunal de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, accedió a extraditar a Poch al considerar que "existen indicios" de que pudo haber participado en los vuelos de la muerte.

"La documentación remitida (por la justicia argentina) nos aporta los elementos indiciarios de la participación del mismo (Poch) en los 'vuelos de la muerte'", afirma el auto de extradición del tribunal.

Los magistrados españoles consideraron además que hay garantías suficientes para que tenga un juicio justo en nuestro país.

"Considerada la Argentina a día de hoy uno de los que se vienen a denominar 'Estados limpios', estimamos que su estatus democrático asegura no menos de ese mínimo de respeto y garantías de los derechos fundamentales de la persona, homologable a los que pueda ofrecer nuestro proceso", añade el auto.

La justicia española pone como único requisito de extradición, que si en la Argentina hubiera "una sentencia condenatoria, en ningún caso deberá ser una pena privativa de libertad a perpetuidad, sino, todo lo más, la inmediatamente inferior a ella".

El ex piloto naval argentino había accedido a la extradición el pasado día 13 durante en una comparecencia ante tres magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Poch aceptó ser entregado a la justicia argentina "para poder defenderse" de los cargos, de los que, según él, "no existen pruebas".

Julio Alberto Poch, de 57 años y doble nacionalidad holandesa y argentina, ex piloto naval y actualmente piloto de la compañía Transavia, filial de Air France y KLM, fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia cuando se disponía a viajar a Holanda y desde entonces estaba en prisión preventiva.

El gobierno español, que el pasado 30 de octubre aprobó seguir con el proceso de extradición, deberá ahora ratificar la decisión de la justicia española como último paso antes de la entrega de Poch.

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