Piensan llamar a extraordinarias para apurar juicios a represores

El Gobierno convocaría al Congreso en febrero para aprobar normas que agilicen las causas contra los criminales de la dictadura. Es después de las críticas de la Justicia por no haber adoptado medidas tras la caída de las leyes del perdón.
El Gobierno ya tendría decidido convocar en febrero al Congreso para que apruebe en sesiones extraordinarias una ley que agilice las causas en trámite contra más de 800 represores de la dictadura.

La estrategia fue confirmada a Clarín por fuentes de la Casa Rosada y es consecuencia directa del cimbronazo que provocó la orden judicial de excarcelación --luego suspendida-- que benefició a Alfredo Astiz y a otros 19 acusados por graves violaciones a los derechos humanos que se encuentran detenidos sin sentencia firme por más tiempo del que autoriza la ley.

El proyecto apuntará a impedir que en el futuro se reediten fallos similares. Se estima que cerca de 300 ex militares permanecen presos a la espera de juicio. Otro de los propósitos será evitar que la Corte Suprema conceda finalmente la liberación de Astiz cuando tenga que revisar la medida dictada el jueves por la Cámara Nacional de Casación Penal.

La excarcelación del ex marino, emblema de los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en la ESMA, fue suspendida provisoriamente por el mismo tribunal que la ordenó, atendiendo a la apelación presentada por el fiscal Raúl Pleé. El fallo de la Cámara también involucra al ex marino Jorge "Tigre" Acosta --lleva siete años preso sin condena bajo cargos de delitos aberrantes--, al ex general Ramón Díaz Bessone y al ex juex federal santafesino Víctor Brusa, entre otros.

En el oficialismo se da por descontado que el proyecto recibirá el respaldo de buena parte de la oposición, que coincidió en repudiar las excarcelaciones apenas conocido el fallo.

De hecho, el bloque de senadores radicales aprovechó para recordar que es el promotor de la única iniciativa parlamentaria que dispone un mecanismo para acelerar la ola de juicios contra los criminales de la dictadura que se abrieron tras la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, en agosto de 2003 (ver Antecedentes).

Con todo, en el Gobierno aún no hay decisión tomada sobre la vía que se utilizará para empujar los juicios. Como en sesiones extraordinarias sólo pueden tratarse proyectos enviados por el Poder Ejecutivo, en la Rosada comenzaron a analizar si hacen propio el texto presentado por la UCR en el Senado en mayo de 2007 o adoptan únicamente una parte adosándole contenidos de inspiración propia.

La jugada que pretende realizar el Gobierno --que hasta ayer no había sido consultada con los jefes de sus bancadas parlamentarias-- reconoce como telón de fondo la polémica que disparó el juez de la Corte, Carlos Fayt, al sostener que la excarcelación de los represores es "culpa del Congreso" por no haber adoptado medidas que agilicen los juicios de la dictadura.

Desde el oficialismo tomaron esa reprimenda como un ataque a sus filas, por contar con mayoría en ambas Cámaras legislativas. Por ese motivo, en la primera línea del poder se evaluó el fin de semana el modo de dar a conocer el proyecto, para que no parezca una concesión a la postura de Fayt, aplaudida desde la oposición.

Trascendió que algunos funcionarios aconsejaron reaccionar con rapidez, para no quedar encorsetados en la crítica a la demora del accionar judicial. De ese modo, estiman, el proyecto para acelerar las causas podría ser presentado como parte de la escalada de iniciativas políticas que viene tomando la presidenta Cristina Kirchner.

Se supo que en la Rosada celebraron los datos de encuestas propias que atribuyen una recepción favorable a los continuos anuncios formulados desde hace semanas para paliar la crisis económica.

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