Las de Naciones Unidas (ONU) pidieron al gobierno argentino lograr una solución definitiva al conflicto entre La Pampa y Mendoza por la regulación del uso del río Atuel, para que se garantice "el acceso equitativo al agua y se respeten los

derechos de miles de personas afectadas".

Por ello, exhortaron a las autoridades a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció el carácter "interprovincial" del curso hídrico, y regular la utilización del agua de forma compartida.

"El gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que vivieron durante décadas sin acceso adecuado al agua", dijo el relator de la ONU sobre agua y saneamiento, Léo Heller.

Sostuvo que recientes eventos en la esfera judicial dejaron en evidencia la persistencia del problema y la falta de compromiso por parte de las autoridades provinciales y nacionales para resolverlo.

Por su parte, la relatora sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, expresó gran preocupación ante el éxodo de pobladores de la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel y a que la falta de agua provocó la salinización del agua restante.

El resultado fue la escasez de forraje para el ganado, la muerte de animales, así como la degradación del suelo, con efectos negativos para la agricultura, enumeró la agencia EFE.

"El Estado no debe adoptar medidas de ningún tipo que impidan el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas", agregó Elver.

Ambos relatores indicaron que ya pronunciaron sobre este caso en comunicaciones oficiales enviadas en 2014 y 2015 al gobierno de Argentina, que les respondió con una sugerencia de que confirmasen las presuntas violaciones denunciadas.

En mayo de 2014, La Pampa demandó ante la Corte Suprema a Mendoza para que se declare el incumplimiento al fallo del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del curso hídrico, en medio de un conflicto que tiene seis décadas.