Pidieron prisión en suspenso para Luis Martínez

El fiscal pidió dos años y cuatro meses. La querella, tres años y la realización de un curso de instrucción cívica. Se juzga una coacción sindical contra el gobierno municipal de Quiroga. El ahora diputado nacional electo hizo saber su conformidad con los alegatos acusatorios.
Para la dirigencia política neuquina, o por lo menos para los sectores preocupados por la sensación del "todo vale" instalado en las protestas sindicales en Neuquén, este viernes 11 de septiembre de 2009 fue importante: a diferencia de aquel juicio que se le siguiera a dirigentes de ATE (ahora anulado por la Corte provincial), el fiscal interviniente en el juicio contra dirigentes del gremio municipal SITRAMUNE pidió condena: dos años y cuatro meses de prisión en suspenso.

Después, la querella aumentó –casi siempre ocurre- el pedido de pena en su alegato: tres años de prisión, también en suspenso (es decir, sin que nadie vaya a la cárcel efectivamente). Y le agregó, en una chicana política casi suprema, la realización de "un curso de instrucción cívica" para el imputado principal, el ex secretario general del sindicato, Luis Martínez.

Ambos lo hicieron bajo la acusación del delito de coacción simple. La defensa, encabezada por Ricardo Cancela, solicitó la absolución. Para los otros 16 imputados por el delito de malversación de caudales públicos, Gerez solicitó para 13 de ellos la pena de inhabilitación por 6 meses para trabajar como agentes públicos. La fiscalía pidió la absolución para los 16.

La sentencia se dará a conocer el viernes 18 de setiembre.

Quien era intendente de Neuquén cuando ocurrieron los hechos que sustentan el actual juicio, el ahora diputado nacional electo, Horacio Quiroga, se mostró conforme. Tanto con el pedido del fiscal Rómulo Patti, como por el del abogado José Gerez (representante de la querella).

"El Ministerio Público Fiscal, al igual que la querella, consideró probado la existencia del delito de coacción y en el pedido de las penas prácticamente no hay diferencia", dijo Quiroga, remarcando que "las dos partes llegaron a la misma conclusión y es que había pruebas necesarias para formular la acusación".

Quiroga aprovechó para reiterar que "debe quedar en claro que una cosa es el derecho de huelga y otra cosa es la comisión de un delito". Aseguró al respecto que "las instituciones de la democracia no pueden funcionar al ritmo de los cortes de ruta, de los bombos y de los cortes de calle".

Anticipando tal vez alguna iniciativa que presente cuando ocupe su banca en la Cámara de Diputados de la Nación, Quiroga sostuvo que "lo que se rechaza es el uso abusivo del derecho de huelga, que se traduce en acciones que exceden el estado de derecho, poniendo en riesgo no sólo cuestiones de calidad institucional, sino también llevando adelante actos de sabotaje, de intimidación, de presión".

Al respecto, mencionó que "en algún momento había que llevar adelante una acción que permita determinar responsabilidades" (¿presentará algún proyecto de ley al respecto?).

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