TUCUMÁN (Especial).- Las denuncias por fraude electoral llegaron también a laJusticia Federal local, a raíz de tres presentaciones que se efectuaron durante el turno del juez federal N°2, Fernando Poviña, que delegó la investigación en el fiscal federal N°2, Pablo Camuña.

Una de las demandas es contra el Corrreo Argentino, empresa contratada para brindar los servicios electorales, y es impulsada por la fórmula del Acuerdo para el Bicentenario,José Cano y Domingo Amaya.

Las otras dos presentaciones son acusaciones de fraude y pedidos de nulidad de los comicios, los que son impulsados por el Frente de Izquierda, con el postulante a gobernador y a legislador por ese espacio, Daniel Blanco, y por el abogado Alfredo Hugo Gómez.

En cuanto a la demanda del ApB, el abogado de ese espacio, Juan Andrés Robles, informó que Cano ya asumió el rol de querellante y explicó que recurrieron al fuero federal porque consideran que el Correo, una entidad nacional, y su personal habrían cometido el delito de “fraude informático”.

En ese sentido, en la presentación se menciona la mesa de votación 143, habilitada en el Colegio Tulio García Fernández, por irregularidades detectadas por las autoridades de esa mesa. “La presidenta y la vocal de esa mesa se presentaron en una escribanía porque encontraron diferencias entre el acta que elaboraron y los resultados que mostró luego el Correo. Habrían adulterado los números. Ellas entregaron la urna y la documentación a empleados y autoridades del Correo y por eso se los denuncia”, puntualizó al diario La Gaceta. Robles aseguró que sospechan que esa misma metodología podría haberse extendido a otras urnas.

Respecto a la demanda de Blanco, apunta a una serie de situaciones irregulares que se dieron durante la jornada electoral como el traslado de votantes, la quema de urnas o la entrega de bolsones. “Los vicios detectados no sólo afectan y aniquilan el derecho a elegir; sino también de ser elegido”, asegura el dirigente de izquierda en la presentación.

Gómez, por su parte, adujo que la Provincia está sumida en un “desorden institucional”. Mencionó la existencia de un “fraude legal” que derivó en un “fraude electoral”. El letrado requirió que se anule el proceso celebrado.