Pidieron informes al Gobierno sobre la elaboración de la ley de minería

Infoglaciar - Con los votos de los diputados radicales, el ARI y el diputado Astete, la Legislatura aprobó ayer un pedido de informes dirigido al Gobierno para que se informe si se ha contratado a una consultora para elaborar una nueva ley de minería, así como la nómina de profesionales que están trabajando en el tema y si la Dirección de Minas hizo alguna propuesta al respecto.

El planteo lo realizó el presidente del bloque radical, Roberto Risso, en base de declaraciones realizadas por el interventor de Petrominera, Luis Tarrío, quien sostuvo que hay especialistas del ámbito privado abordando esta cuestión.

El diputado radical entiende que más allá de las aclaraciones realizadas por el Ministro de Ambiente, Juan Garitano, de que en Chubut sólo hay actividad de exploración, las palabras de Tarrío no se condicen con el tratamiento que la Legislatura ha dado al tema, ya que días atrás se aprobó la prórroga de la suspensión de la actividad minera en la cordillera por tres años.

De hecho, en la sesión se acordó que mañana jueves se tratará una nueva sanción de aquella ley, que fue parcialmente vetada por el Ejecutivo, ya que se entiende al no haber sido sancionada, podría dejar habilitada la actividad minera al oeste de la ruta 40.

Otros tres pedidos de informes fueron aprobados ayer, vinculados al otorgamiento de permisos de pesca por parte de la provincia, al funcionamiento del Sistema Registral de Publicidad Oficial, y sobre el funcionamiento de la Casa del Chubut en París, éste último presentado por el Pach.

En el inicio de la sesión, la Cámara rechazó una presentación de la UCR para que se interpele al Ministro de Gobierno, Máximo Pérez Catán, sobre varios puntos referidos a la seguridad pública. El radicalismo, junto al ARI y Astete, sólo lograron 6 votos de los 9 que exige la Constitución para convocar a un ministro.

CONSTRUCCION

La crisis del sector de la construcción también fue abordado en la Cámara, a raíz de una presentación realizada por el radicalismo sobre el otorgamiento de 13 millones en conceptos de subsidios dentro del programa de Fortalecimiento a la Construcción, para la realización de veredas, paredones y ampliaciones, con el fin de generar mano de obra para ese sector.

Concretamente, la diputada Marta Raso, adelantó que el bloque radical presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por entender que se habría violado la Ley de Etica Pública, al destinarse la mayoría de estos subsidios a empleados del IPV y funcionarios del gobierno, según los datos que constan en la respuesta a un pedido de informe enviada por el mismo Gobierno.

Este planteo motivó la respuesta de los diputados oficialistas Rosa Muñoz y Oscar García, quienes le recordaron el favoritismo en las gestiones radicales para con sus propios funcionarios a la hora del otorgamiento de subsidios y la entrega de viviendas.

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