Pidieron la inconstitucionalidad de la ordenanza que aumentó las tasas

Mediante una presentación ante la Cámara Civil de San Carlos de Bariloche el propietario y vecino Mario Bevilacqua ha requerido se proceda a determinar la inconstitucionalidad de la ordenanza de tasas vigente en esa ciudad.
Será la Justicia la que determine si la ordenanza 1800 que estableció un incremento en la Tasa por Servicios –y que será modificada probablemente el jueves con la aprobación en el Concejo de otra normativa-, tiene valor legal. Es que un particular se presentó ante la Cámara Civil para requerir la declaración de inconstitucionalidad.

Leandro Costa Brutten impulsor de la presentación manifestó que “hemos agotado previamente la vía administrativa, solicitando en este caso se dictamine por parte de los señores jueces la inconstitucionalidad de la ordenanza 1800-CM-08 o su posible modificatoria de zonificación. Se ha expuesto claramente el fundamento de la inconstitucionalidad, acreditando que han transformado una tasa por servicio retribuido en un impuesto”.

Costa Brutten agregó que “surge de la presentación judicial asimismo, que el aumento de tasas ilegitimo no se correlaciona con mejora alguna de las escasas prestaciones que provienen desde el municipio en concepto de servicios. Por ello, bajo ninguna manera le estamos pidiendo a los jueces que co-gobiernen o que aporten soluciones a cuestiones presupuestarias o en materia de economía municipal, sino por el contrario les exigimos que pongan un límite constitucional a la grave situación de abuso de poder que desde las autoridades municipales pretenden ejercer sobre los ciudadanos y sus bienes”.

El contador Mario Bevilacqua en la presentación realizada ante los jueces, expuso la “grave y desproporcionada imposición a la que ha sido obligado y la imposibilidad de su pago”, exponiendo que al 10 de diciembre de 2007 abonó una Tasa Retribuida a la municipalidad de San Carlos de Bariloche de 76,03 pesos, “la que al día 10 de febrero de 2009 ha aumentado en forma exorbitante, pretendiendo el municipio que se abone la suma de 461,05 pesos. “Se trata de una imposición irracional, confiscatoria e inconstitucional en un grave momento de crisis”, analizó finalmente Bevilacqua.

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