"Pedimos que Hooft sea destituido de los cargos que ocupa en la Justicia Penal de Mar del Plata, ya que creemos que con todos los elementos que obran en la causa está clarísima su complicidad con los crímenes cometidos en la dictadura", sentenció el abogado Luis Alen, quien preside la querella en el marco del Jury que se sigue contra el magistrado y cuyo veredicto se conocerá el lunes.

El letrado sostuvo que "Hooft desde ese cargo infringió los deberes que tenía y por ello lo hayamos autor responsable de las desapariciones, torturas y asesinatos de los abogados secuestrados en la Noche de las Corbatas y otras víctimas más del terrorismo de Estado".

Alen sostuvo que "desde 1976 ya todas las estructuras del Estado se pusieron al servicio de un plan criminal. En ese marco, la dictadura cívico militar modificó el marco jurídico bajo el llamado Proceso de Reorganización Nacional, pero la Constitución no fue anulada, ni las leyes que debían hacer cumplir los jueces".

"Los jueces debían ser los garantes de que los derechos fundamentales de los ciudadanos no sean vulnerados, más allá de las modificaciones que dispuso la dictadura en el plano judicial, y Hooft no cumplió con ello", agregó.

En ese marco, al exponer frente al tribunal de enjuiciamiento, que está presidido por el ministro de la Suprema Corte Juan Carlos Hitters, Alen sostuvo que "Hooft debió haber procurado esclarecer los hábeas corpus que se presentaron en su juzgado, y jamás lo intentó".

"No indagó a los testigos vinculados ni con quienes estaban presentes al momento de los secuestros de los abogados; tampoco le tomó declaración a (Camilo) Ricci, una vez que fue liberado", dijo y resaltó que "incumplió de esta forma con las leyes que en ese momento también regían".

Detalló que "en el caso de la desaparición de Jorge Candeloro y su esposo, Marta García, pese a que había oficios pendientes se rechazó el Habeas Corpus y no notificó al fiscal. Él sabía lo que estaba haciendo, no puede caber otra explicación" y consideró que "tampoco pidió una autopsia de Candeloro ni su cuerpo cuando se le informó que estaba abatido".

Repudió que "por estos motivos no pudo formar causa para iniciar la investigación de ese delito, y lógicamente nunca investigó a los posibles culpables del asesinato. Hooft transformó a Candeloro en un desaparecido" y subrayó que "jamás anotició a la familia Candeloro de todo esto, quienes terminan enterándose tres años después".

Alen, quien es subsecretario de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, repudió que "había denuncias en todas las dependencias policiales, gente que lo había ido a ver personalmente, y Hooft hizo sociales, pero los abogados eran secuestrados, desaparecidos y asesinados, y él no hacía nada".

"Hooft se reunía con los militares, se reunía con (el ex jefe de la Policía Bonaerense Ramón) Camps, iba a ver al coronel Pedro Barda, pero no cumplía con las actuaciones mínimas que le eran requeridas por los familiares de los desaparecidos", exclamó.

Asimismo, dijo: "Nosotros hemos demostrado que tenemos paciencias, podemos seguir esperando, pero creemos que con todos los elementos que obran en la causa está clarísima la complicidad de Pedro Hooft con los crímenes cometidos en la dictadura".

Por su parte, la defensa del juez marplatense, a cargo del abogado Héctor Granillo Fernández, cuestionó que "todas las acusaciones que realiza la querella no fueron fundamentadas con pruebas a lo largo del juicio".

Subrayó que "hay que entender que había prohibiciones en la República Argentina por los usurpadores del poder".

"Si bien no rigió la Constitución hubo una pseudo organización frente a un país, porque nos guste o no nos guste, no rigió la Constitución durante la dictadura", cuestionó y remarcó que "los hábeas corpus no funcionaban en esa época".

El abogado remarcó también que "Hooft no visitaba los centros clandestinos, como se quiso hacer creer en el caso Ricci, eso es un invento absoluto. Acá se afirma eso pero no se trajo prueba alguna que lo demuestre".

El juez federal comenzó a ser juzgado el 17 de marzo en La Plata, acusado de haber rechazado diversos hábeas corpus para garantizar impunidad a represores en 17 casos de homicidios, desapariciones y torturas, la mayoría de ellos relacionados con abogados secuestrados entre el 6 y 13 de julio 1977 en Mar del Plata.

En la "Noche de las corbatas" fueron secuestrados los abogados Tomás Fresneda, Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci y Carlos Bozzi, y solamente estos últimos dos sobrevivieron.