Piden suspender la obra Los Blancos

Piden suspender la obra Los Blancos

La firma Iecsa denunció “trato desigual” ante la Suprema Corte e intentó -sin éxito- “recusar” al Fiscal de Estado. En plena campaña provincial, Cristina Fernández había ratificado el financimiento inicial. El emprendimiento fue preadjudicado a Cartellone en 2012.

"Hemos pedido la suspensión de la licitación ante la Suprema Corte de Mendoza porque se ha producido un cambio arbitrario en las reglas de contratación que deriva en un trato desigual”, aseguró el apoderado de la empresa Iecsa en Mendoza, Facundo Marquesin. Se refería al anuncio de la presidenta Cristina Fernández que en junio pasado en Maipú y en un claro gesto de apoyo al entonces candidato kirchenrista a la gobernación Adolfo Bermejo- firmó el inicio de las obras del complejo hidroeléctrico Los Blancos, preadjudicada en el 2012 a una UTE conformada por empresas Cartellone y OAS.

Asimismo, la Casa Rosada comprometió el financiamiento del Estado nacional por casi 1.000 millones de dólares, de un total de 1.500 necesarios para la construcción. En principio, se constituiría un fideicomiso que podría fondearse con la emisión de bonos e intervención (en caso de ser necesario) de la Anses como inversor. 

“Nuestra oferta fue mil millones de pesos menos que la de Cartellone (el preadjudicatario), pero nos la rechazaron porque consideraron mejor el financiamiento privado que ofrecían ellos”, remarcó Marquesín refiriéndose a la propuesta inicial de la constructora, que luego fue “mejorada”. “Ahora, si el financiamiento va a ser nacional nuestra oferta vuelve a ser la mejor en mil millones”, consideró. Y dejó caer: “La empresa brasileña OAS, socia de Cartellone, está en quiebra”.

En la Casa de Gobierno la opinión es radicalmente opuesta: “(Iecsa) Ya está fuera del proceso y no se pueden subir de nuevo a él”, remarcó el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso. “Las condiciones originales no han cambiado nada. Siempre hubo una financiación a cargo de la Nación y otra privada. Con el anuncio de la Presidenta los que aparecieron fueron los fondos del fideicomiso para la obra”, agrega. Recuerda que los reclamantes “nunca recurrieron la resolución de preadjudicación (a Cartellone) de hace tres años”.  Y destaca que el pliego de condiciones permite modificaciones internas en la composición de una UTE, en respuesta a la situación de OAS.

El pedido de suspensión de la licitación presentado ante el gobernador Francisco Pérez, fue rechazado de inmediato. Mientras en la Corte se evalúa una eventual convocatoria a Cartellone (el tercero interesado) antes de adoptar una decisión. Por su parte el fiscal de Estado, Fernando Simón, desestimó un pedido de “recusación” (excusación) en su contra y hasta mencionó la posibilidad de aplicar sanciones a la empresa.

Iecsa es la antigua división “obra pública” del grupo Socma de Franco Macri, y actualmente es propiedad de Angelo Calcaterra, primo del candidato a presidente del Frente Cambiemos, Mauricio Macri, a su vez socio político del próximo gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. 

Durante la campaña para las PASO nacionales, los principales candidatos -Daniel Scioli (FpV), el propio Macri y Sergio Massa (UNA) se comprometieron a la construcción de Los Blancos, si acceden a la presidencia. 

Iecsa integra una UTE con la brasileña Contern Construccioes y Comercio y a lo largo de toda la licitación de Los Blancos se mostró como un permanente cuestionador del proceso. 

En los corrillos se especula sobre un eventual interés de Iecsa para conseguir una porción en el negocio de la construcción de la gigantesca obra hidroenergética (1.300 millones de dólares), tal como ya logró Pescarmona (que construirá las turbinas), el tercer competidor por Los Blancos.

También se especula sobre una posible intención política de demorar el comienzo de la obra hasta después del traspaso, lo que es desmentido por el propio Cornejo. “Nadie me ha dicho nada sobre esto y yo creo que lo mejor es empezar Los Blancos cuanto antes”, enfatiza.

En el gobierno provincial siguen asegurando que la obra del emprendimiento hidroeléctrico del Valle de Uco se iniciará antes del traspaso de Pérez a su sucesor, Cornejo. Para ello se deberá concluir el proceso administrativo legal, crear el fideicomiso, terminar de adjudicar la obra y remitir todo a la Legislatura provincial para su aprobación.

En el último discurso del 1º de Mayo, Pérez anunció -sin que se concretara- que en julio se iba a dar inicio a los trabajos. Actualmente, está previsto que para el próximo 17 de setiembre se lleve a cabo la audiencia pública para discutir la manifestación general de impacto ambiental del “Camino y Faja de Dominio - Aprovechamiento hidroeléctrico Los Blancos”, una de las principales construcciones complementarias a un costo de 60 millones de dólares.

La obra completa requiere una gran inversión y su construcción demoraría por lo menos cinco años. Los Blancos será un complejo hidroeléctrico con dos centrales de generación de energía en torno del futuro embalse Los Tordillos, sobre el río Tunuyán. 

El complejo de las dos centrales hidroeléctricas en el Valle de Uco es un proyecto que se comenzó a gestar en los ‘50, cuando funcionaba Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Su construcción llegó a ser anunciada sin resultados en los ‘80 tanto por el ex gobernador Santiago Llaver como, luego, por el ex ministro del Interior, José Luis Manzano, en medio de una cruenta interna del PJ, contra el -entonces- gobernador José Bordón. Ahora se perfila para ser la mayor obra en la provincia, desde la inauguración del dique Potrerillos, en 2001.

La Fiscalía evalúa sanciones

El dictamen de la Fiscalía de Estado rechazando el pedido de excusación del fiscal, Fernando Simón, presentado por Iecsa, consideró “poco seria” la referencia sobre que “el doctor Simón posiblemente posea un interés en el asunto”. Aseguró que “no surge un solo elemento probatorio objetivo” de la sospecha de parcialidad contra Simón. Y agregó que la presentación de Iecsa “denota una mala fe que la podría hacer pasible de sanciones”.

Asimismo cita a la “doctrina de los actos propios” para encontrar contradicciones del denunciante entre la actitud inicial de presentarse ante la Fiscalía de Estado para que intervenga en el caso y la postura final de tratar de que el fiscal se excuse, tras un dictamen contrario al interés propio.

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