“Esto traba el comercio exterior y ningún país del mundo lo reclama”, se quejan.

El tema llegó incluso al debate dentro del Consejo de la UIA, el martes pasado. Pero es en las cámaras de Importadores y Exportadores donde tomó mayor volumen.

“Son medidas inaplicables” , coincidieron en las dos entidades. Según la resolución 39 de la UIF deberían pedir a cada cliente o proveedor balances, actas de directorio, números de inscripción impositiva, listado de accionistas que superen el 20% de la propiedad, y otros datos, todo certificado. El Gobierno busca así cumplir con las normas del GAFi para evitar lavado de dinero o financiación al terrorismo.

“Si yo pido todo eso, le compran a otro proveedor, aún de países que cumplen con el GAFI, como los Estados Unidos o México, que no tienen esos requisitos”, señalo Enrique Matilla, de la Cámara de Exportadores.

“Trasladaron a los empresarios controles que debería hacer el Estado , que es quien tiene el poder de policía y la información”, agregó Diego Pérez Santiesteban, de la Cámara de Importadores.

La resolución 39 entra en vigencia mañana: las empresas deben designar ya al director que será responsable de esa información requerida. Ahora los empresarios piden que se suspenda. Sobre todo teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo mandó un proyecto al Congreso que elimina a importadores y exportadores de estos requisitos. Aunque dicen que tienen buen diálogo, presentaron ya recursos administrativos ante la UIF para reforzar su pedido.

En el año 2000. la Argentina firmó con otros países el acuerdo del GAFI, que apunta combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los países se comprometieron a desarrollar políticas nacionales preventivas y represiva s. Pero en la Argentina vino la crisis, y el tema quedó olvidado. En 2004, fue la primera revisión de la GAFI, que no tuvo mayor impacto. Pero en la segunda verificación los reclamos por inacción fueron muchos, y flotó la amenaza de que el país podía perder su silla en el G20. Allí el Gobierno apuró las normas que dictó la UIF. “Pero en ese apuro las normas tienen desprolijidades que las hacen totalmente inaplicable s, por eso reclamamos”, señalan ahora los empresarios”.