Piden que se suspenda audiencia por el desalojo de una comunidad indígena

La Comunidad Diaguita Calchaquí de El Divisadero, de Cafayate, pidió ayer a la jueza en lo Civil y Comercial de 7º Nominación de esta ciudad, Beatriz del Olmo de Perdiguero, que suspenda la audiencia de conciliación convocada para hoy en el marco de la demanda por desalojo que impulsa la empresa Altos de San Isidro SA contra miembros de esta comunidad indígena.
En un escrito presentado con la representación de la abogada Tania Kiriaco, la Comunidad pidió que se le permita participar de este proceso como tercero interesado, una figura prevista en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil de Salta. Por este motivo, pidió que la audiencia de conciliación, prevista para hoy a partir de las 9, sea suspendida, para permitirle conocer el expediente. Por otra parte, el cacique Rosario Condorí afirmó que los demandados, unas diez familias integrantes de esta Comunidad, no recibieron las notificaciones formales para asistir a la audiencia de hoy.

Además, la Comunidad recusó a la jueza Del Olmo de Perdiguero, por considerar que no es imparcial, dado que, según afirmó, le indicó a una de los demandadas, entre ellos Eulalia Caro y Miguel Santillán, que firmaran un acta de conciliación anterior porque de otra manera iban a ser desalojados.

La demanda de desalojo contra miembros de la Comunidad Diaguita Calchaquí de El Divisidero se inició el 28 de septiembre de 2007.

Entre las razones para pedir que se le permita participar de este proceso, la Comunidad sostuvo que la sentencia que pretende obtener la firma Altos de San Isidro "afectará (en el hipotético caso de que se ordene el desalojo) derechos de todos y cada uno de los miembros de la Comunidad" porque el "predio donde se pretenden cumplir la medidas (de desalojo) es una posesión de propiedad comunitaria ocupada tradicionalmente y ancestralmente por todas las familias de esa Comunidad", afirmó Kiriaco.

Asimismo, la Comunidad destacó que sus integrantes son ocupantes preexistentes de las tierras que ahora les disputa la empresa, y aseguró que si se ordenara el desalojo de estas diez familias, integrantes de un número de treinta que integran la Comunidad, se afectaría "la vida comunitaria, la identidad, el medio de subsistencia, la espiritualidad y los derechos humanos reconocidos de los pueblos indígenas y en particular iría en contra de la emergencia declarada por la ley 26.160, que prohíbe los desalojos" de comunidades indígenas hasta tanto no se haga un relevamiento de la propiedad comunitaria aborigen.

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