Piden un sistema especial para adolescentes

Unicef exhortó ayer a establecer en todo el país "un sistema especializado de justicia penal para adolescentes que sea respetuoso de los derechos y garantías consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño

(CDN)".

En un pronunciamiento oficial, Unicef fijó su posición en el marco de "la discusión actual sobre la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal y la respuesta estatal en Argentina".

"Es necesario avanzar en las reformas legales, nacionales y provinciales, y en los cambios institucionales para establecer en todo el país un sistema especializado de justicia penal para adolescentes, que sea respetuoso de los derechos y garantías consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)", sostuvo Unicef.

Agregó que, a nivel nacional, "es imperioso que se derogue el actual régimen de minoridad establecido en los años de la dictadura", porque permite que "a los adolescentes de este país se les puedan aplicar penas de adultos, y que de manera discrecional se le impongan medidas privativas de la libertad o ninguna medida, sin prever adecuadamente posibilidades alternativas que apunten a su reinserción social".

Advirtió que de esa manera "no se refuerza su desarrollo ni su sentido de responsabilidad, tampoco reduce el riesgo de que nuevamente reincidan en delitos".

Tras respaldar el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Unicef sostuvo que "es urgente que las provincias inicien o profundicen las reformas legales y la organización de sus sistemas de justicia penal juvenil".

"Más allá de una nueva ley nacional, las leyes provinciales pueden garantizar que cada adolescente sea sometido a un debido proceso penal, y que se le apliquen medidas alternativas a la privación de libertad durante el mismo, cuando esto sea necesario y apropiado", indicó.

Unicef también consideró "imprescindible" que se disponga de una "amplia gama de programas y servicios alternativos de buena calidad, junto a servicios especializados privativos de la libertad aplicados selectivamente, solamente para delitos muy graves".

"Todos estos, funcionando de manera coherente y armonizada, serán capaces de promover la inclusión social plena a la cual tienen derecho todos los adolescentes", enfatizó.

Finalmente, Unicef remarcó su voluntad de "promover un sistema de justicia penal y una legislación que asegure la plena vigencia de los derechos de las personas a las que se les aplique, en cumplimiento del mandato explícito que la Convención sobre los Derechos del Niño impone".

Menores

Por otra parte, cabe recordar que en los últimos días una gran polémica se generó en torno a los dichos de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay. La magistrada explicó que el máximo Tribunal frenó la liberación de 60 menores detenidos en institutos para protegerlos del “gatillo fácil” y “la muerte”. “Estos chicos están marcados”, dijo la jueza en declaraciones a los periodistas en el Palacio de Justicia.

Así, Argibay defendió el fallo del Tribunal que se opuso a la libertad de menores de 16 años implicados en causas penales, al sostener que “si los largamos sin averiguar dónde pueden ir para estar seguros, hacemos de ellos, chicos de la calle que van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte”.

La Ministra de la Corte hizo declaraciones al periodismo al término del acto celebrado ayer en la sede del máximo Tribunal, para la firma de un convenio cuyo objeto es la organización de un concurso de anteproyectos para la construcción de un nuevo edificio de la Morgue Judicial.

Argibay fue consultada sobre la sentencia de la Corte que, al revocar una sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, impidió que recuperaran la libertad alrededor de 60 menores en el Instituto San Martín.

La Corte consideró que la Ley 22.278, en cuanto regula los casos de los menores no punibles, está en pugna con los derechos especiales que tienen los niños, ya que “los menores son privados de su libertad bajo calificaciones tales como: “dispuestos”, “internados”, “reeducados” o “sujetos de medidas cautelares”.

Por eso, el máximo Tribunal requirió al Poder Legislativo que “en un plazo razonable”, adecue las normas locales a las de los tratados internaciones sobre protección de los derechos de los niños.

“No podemos largar los chicos a la calle sin averiguar qué pasa, porque sino, estamos ofreciendo blancos móviles”, agregó Argibay.

“Hay una cosa que yo creo, todavía no se terminó en la Argentina desgraciadamente: que es el gatillo fácil y estos chicos están marcados. No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo”, expuso la Jueza.

Argibay opinó que “la sociedad” es “esquizofrénica”, cuando por un lado organiza dos marchas en la localidad bonaerense de San Isidro, una para reclamar justicia contra los sospechosos del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea, y otra por la inocencia de uno de los menores detenidos.

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