Piden sanciones para funcionarios que se nieguen a dar información pública

Miembros de la Asociación de Periodistas de Salta (APES) pidieron ayer a los diputados de la comisión de Legislación General que el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública contemple sanciones para los funcionarios que incumplan con la norma.
Además, solicitaron incorporar al texto de la norma, que sería tratada después de las elecciones, la obligación de que el estado provincial publique y actualice en su página web información de carácter pública, y un registro público de las audiencias que realicen todos los funcionarios jerárquicos.

Periodistas y diputados trabajaron sobre el proyecto de ley del titular del cuerpo, Manuel Santiago Godoy, que busca garantizar el derecho de todas las personas a "solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna" de parte del Estado, y una iniciativa en este sentido elaborada por APES.

El titular de la comisión, el justicialista José Luis Gambetta, se mostró a favor de los aportes planteados por los periodistas, aunque entendió que se debe evaluar la viabilidad legal de algunas de las propuestas.

Los legisladores y sus asesores se comprometieron a avanzar sobre la posibilidad de aplicar alguna sanción administrativa a los funcionarios que no respondieran a los pedidos de acceso a la información pública, o lo hicieran de manera incompleta. Para Gambetta, la responsabilidad de los funcionarios de gobierno es el "quid" de la cuestión, y es lo que le puede garantizar su efectividad.

Otra de las preocupaciones de los periodistas fue la falta de publicación en el Boletín oficial de algunas resoluciones que luego son ratificadas por decreto, sin que se pueda acceder a su contenido. En ese sentido, en la reunión surgió la posibilidad de incorporar a la ley la necesidad de que las mesas de entrada de los diferentes organismos cuenten con un archivo de actos administrativos que pueda ser consultado por los ciudadanos.

Los diputados y los miembros de APES acordaron reunirse dentro de 10 días para darle forma al texto de la Ley de Acceso a la Información Pública que los legisladores pretenden tratar antes de fin de año.

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