Actualmente eso se encuentra a cargo de la Nación, tanto en su prevención y persecución utilizando la Gendarmería, como su juzgamiento a cargo de los jueces Federales.

Sin embargo la Ley 23.737, conocida como ley de estupefaciente señala en su artículo 34 que los delitos de drogas son de competencia de la Justicia Federal en todo el país, excepto para aquellas provincias que opten por asumir su competencia en las condiciones antes mencionadas.

Los autores de la iniciativa señalan que "la realidad actual de Salta en materia de lucha contra el narcotráfico se circunscribe a la aislada intervención de la Policía provincial, en cooperación con la escasa presencia e intervención de las fuerzas federales de seguridad con asiento en la jurisdicción",

Y agregan que "el esfuerzo policial con particular adiestramiento en la materia, es direccionado y conducido por la Justicia Federal, la que en voz de buena parte de sus magistrados y funcionarios ha reconocido la escasez de medios que le permitan implementar y sostener acabadamente y sin fisuras una acción eficaz en todo el territorio provincial, lo que genera en la sociedad un estado de indefensión por la cuota significativa que deviene de advertir insuficientes todas aquellas medidas procedimentales".

Además indican que "a lo dicho debe sumarse la significativa distancia entre las sedes judiciales federales dentro de la provincia y las localidades que presentan importantes fracciones poblacionales, seriamente afectadas por el flagelo de la droga, lo que muchas veces desalienta la denuncia, como así también el procedimiento policial, todo lo cual se traduce en impunidad y favorece el incremento de esta clase de delitos".

Por este motivo además de solicitar que la provincia comience a actuar en esos casos menores, dejando la intervención federal para grandes casos en los que amerite la participación de los organismos nacionales, también se pide que se cree el Fuero de "Lucha contra el Narcotráfico" el que estará integrado en el Centro Judicial del Centro, por un Juzgado creado con esa específica competencia y por tres Fiscalías.

Por último se solicita al

Ejecutivo Nacional que transfiera los recursos correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5° de la Ley N° 26.052.

Esto es para hacer frente al mayor requerimiento de recursos que esto significa.