Piden Renegociar Contrato De Tragamonedas En Mendoza

Piden Renegociar Contrato De Tragamonedas En Mendoza
La Comisión Bicameral Especial de Políticas de Juego del Senado de la provincia de Mendoza emitió ayer un duro pronunciamiento, donde pide al Instituto de Juegos que inicie una acción para renegociar o dar de baja el contrato con la empresa Mendoza Central Entretenimiento, del Grupo Vila-Manzano, por la explotación de las máquinas tragamonedas en el casino, haciendo cumplir la orden de la Fiscalía de Estado.
Asimismo los legisladores solicitaron que se licite nuevamente el servicio de bar, confitería y restaurante, tal como indicó el Fiscal de Estado subrogante Javier Fernández en mayo de este año, además de anular una “prórroga automática” del contrato de las tragamonedas en favor de la empresa.

El contrato entre el Casino y Mendoza Central Entretenimiento encierra relaciones de poder y negocios entre ex funcionarios del gobierno de Celso Jaque y de la actual administración; y los empresarios. Ya fue tachado de nulidad en una de sus cláusulas importantes meses atrás, cuando la Fiscalía de Estado dictaminó que la prórroga automática a sola decisión de la empresa es ilegal y por lo tanto, nula.

En ese momento, la Fiscalía le ordenó al casino que renegocie esa cláusula o que inicie una acción judicial para pedir la nulidad del contrato. Pero nada de eso pasó. Por el contrario, el Instituto ha intentado en por lo menos seis oportunidades, desde el mes de mayo, obtener en la Fiscalía de Estado un aval para continuar la relación con la empresa de Vila más allá del fin del contrato denunciado. Pero las formas no han conformado al organismo de control, que debió recordarle al directorio del Instituto presidido por el ex legislador peronista Carlos Bianchinelli que la prórroga -así como estaba planteada, automática- era ilegal.

El contrato ya había pasado por la Fiscalía de Estado en tiempo “exprés” cuando estaba a cargo Joaquín de Rosas, que fue suspendido y está a la espera del juicio político por favorecer al grupo Vila pero en el caso de la expropiación de las tierras de Dalvian para hacer la reserva de Divisadero Largo.

El dictamen que senadores y diputados de la comisión presidida por el peronista disidente Gustavo Valls firmaron de manera unánime representa un fuerte llamado de atención al directorio del Instituto, presidido por Carlos Bianchinelli e integrado por el peronista Federico Domínguez y el radical Miguel Bondino, tanto como al propio gobierno.

Fue el gobernador Francisco Pérez quien designó a Bianchinelli y le pidió que resolviera el problema del contrato acorde a la ley tras el fracaso de Nidia Martini, designada al principio de la gestión con la idea de conducir este proceso.

Martini naufragó entre las presiones y las internas del Instituto. Bianchinelli debutó reuniéndose con el propio Alfredo Vila en el “Club House” del Barrio Dalvian. Pero hasta el momento los intentos del presidente del Instituto no tuvieron exito para que Vila ceda un centímetro en el contrato.

Mientras todo gira alrededor de la prórroga ilegal y de los cuestionamientos que en su momento hiciera también el Tribunal de Cuentas, aún no se resuelve la cuestión de fondo: Mendoza pierde plata con el aumento abusivo del canon consagrado en este nuevo contrato, que vence el año que viene. El porcentaje de beneficios fue trepando desde el 26 % al 47 %. El Instituto frenó la suba en el 40 % y la empresa presenta doble facturación. El 40 por un lado y el 7 % restante por el otro, lo que a su entender acumula una deuda a su favor que ya es varias veces millonaria. En una de las primeras veces que se reunieron, Vila le dijo a Bianchinelli que la deuda por el 7 % ya superaba los 5 millones de pesos.

La Comisión Bicameral exige que el Instituto informe a la brevedad qué ha hecho para cumplir las órdenes del fiscal de Estado y haga nula la cláusula de prórroga automática, que llame a una nueva licitación del bar, el restaurante y confitería; que disponga inmediatamente acciones de “lesividad” si el contrato no se pudiese renegociar, y que se recupere para el Estado - es decir, el Instituto- la facultad de decidir una prórroga o no del instrumento que vence el año que viene.

De la misma manera, los legisladores recomendaron que en caso de hacerse una renegociación –que debería ser aprobada por todo tipo de organismos de control y sindicaturas- se revisen tanto los plazos, como el canon que cobra la empresa.

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