El "Operativo Retorno" de Ricardo Echegaray a la función pública -y al poder- sufrió un inesperado contratiempo. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un recurso contra el levantamiento de su suspensión y ahora será el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien deberá definir si le abre otra vez las puertas del Estado nacional, o no, a Echegaray.

Con la firma de uno de sus fiscales, José Ipohorski, la PIA consideró que la actual titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, tomó una decisión "arbitraria, irrazonable" y que incurrió "en un desvío de poder" al haber levantado la suspensión de Echegaray -quien denunció una persecución política y judicial en su contra- y reintegrarlo a la Dirección General de Aduanas (DGA).

Ipohorski consideró que levantar la suspensión de Echegaray "pone en riesgo el interés público involucrado en el esclarecimiento de los delitos por los que el ex Administrador Federal de Ingresos Públicos se encuentra actualmente en juicio", como así también afecta "el ejercicio de la potestad disciplinaria de la administración pública, cuya finalidad es preservar el buen orden dentro de la organización administrativa", para lo cual resulta esencial "contar con personal idóneo y sin objeciones morales a su conducta".

El recurso busca así rebatir los argumentos que invocó Marcó del Pont al disponer el regreso de Echegaray, basado en el principio de inocencia, "el tiempo transcurrido" desde que se dispuso su suspensión y el "carácter excepcional" de esa medida administrativa.

Para la PIA, sin embargo, el paso del tiempo fortaleció los argumentos que llevaron a la suspensión del ex titular de la AFIP. Entre ellos, que las acusaciones judiciales en su contra avanzaron, llegaron más lejos y ahora afronta más procesamientos e, incluso, al menos dos juicios orales. Uno por su labor ante la deuda de Oil Combustibles, la petrolera de Cristóbal López y Fabián de Sousa; otro, por su rol en el "caso Antonini".

"Así -argumentó el fiscal Ipohorski-, cuando existen elementos fundados que hacen prever que una persona no cuenta con aptitudes morales para formar parte del cuerpo de funcionarios del Estado, por la suma de acusaciones por delitos en el ejercicio de su cargo, la propia Administración cuenta con mecanismos de defensa aptos para desvincularse de ellos si han cometido un delito y para suspenderlos mientras se tramitan las actuaciones disciplinarias en la propia Administración y los causas judiciales ante el Poder Judicial de la Nación, a los efectos de no entorpecer su investigación y juzgamiento".

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Por el contrario, recordó la PIA en su presentación ante Guzmán, la decisión de Marcó del Pont, "detrás de un supuesto ejercicio de facultades discrecionales, encubre un obrar ilegítimo y contrario a derecho que la intervención del Sr. Ministro debe revertir".

Guzmán y el "desvío de poder"

Ahora, Guzmán tendrá 30 días hábiles -desde la fecha en que la AFIP le remita el expediente administrativo- para resolver la presentación de la Procuraduría, período en el que Echegaray seguirá en las funciones que la asignó la actual titular de la DGA, Silvia Traverso, en una pequeña oficina aduanera dentro de la planta de Ford en General Pacheco, muy cerca de su domicilio.

Para Echegaray, el levantamiento de su suspensión resultó un acto "reinvindicativo", según comentó entre sus allegados. Al solicitarlo, en diciembre, había afirmado que es víctima del mismo " lawfare" -la persecución política a través del Poder Judicial- que denuncia la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y se ufana de que jamás se quebró, a diferencia de otros exfuncionarios kirchneristas. "Mientras varios terminaron afirmando que hicieron tal o cual cosa, yo fui leal. Ahora sé que mi mejor contribución a este Gobierno es trabajar como un militante más", le comentó a los suyos.

Para la PIA, sin embargo, Marcó del Pont no sólo tomó una decisión equivocada, sino que lo hizo basada en una "instrucción general", que ella misma firmó y que sería nula, por conllevar un "desvío de poder" dentro de un contexto laboral que podría amedrentar a otros funcionarios.

"La manera en que [Echegaray] volvió al organismo [entre aplausos] aparece como señal adversa para quien pudiera declarar la verdad y que lo pudieran perjudicar", remarcó el fiscal Ipohorski. "No sólo por lo que él personalmente pudiera hacer, sino más bien por la actitud de quienes lo rodean y forman parte de su círculo de confianza; no necesariamente por un acto de violencia física o verbal, sino también por amenazas sutiles o veladas que pudieran implicar sanciones, falta de promoción en la carrera, pérdida de beneficios u otras limitaciones en su vida laboral, en un organismo tan grande y jerárquico como es la AFIP. Tal vez no ahora en lo inmediato, sino más bien en los tiempos por venir".