Qué piden las Pymes para enfrentar la crisis

Incluir las deudas de 2008 en la moratoria, cambiar la ley de ART, agilizar el recupero de los créditos fiscales, frenar la conflictividad laboral, facilitar el financiamiento y reducir impuestos son los planteos de las empresas cordobesas.
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) enfrentan diversos obstáculos que se vieron agravados a raíz de la crisis internacional. De acuerdo al relevamiento de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), este sector económico considera que el Estado puede ayudar a mejorar su situación.

Uno de los planteos es la inclusión de las deudas generadas el año pasado en la moratoria, lo cual ayudaría a dar más liquidez a las empresas. Si bien la competitividad se erosionó en los últimos años producto de aumentos salariales, presión impositiva, suba de costos, falta de financiamiento adecuado, entre otros, 2008 fue particularmente complicado a raíz del fuerte freno de la actividad industrial. "Se generaron atrasos y dificultades para cumplir con los compromisos fiscales. Por tal motivo, se debe solicitar que las deudas contraídas durante 2008 también puedan entrar dentro de la moratoria propuesta por el gobierno nacional", afirmaron.

Otro de los pedidos es agilizar el recupero de créditos fiscales. Numerosas firmas tienen fondos fiscales inmovilizados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) técnico y bonos, lo cual se siente más en épocas de crisis. En el primer caso, las empresas pagan 21 por ciento por los insumos, pero venden el producto terminado con 10,5 por ciento y la Nación adeuda unos 200 millones de pesos a firmas provinciales, según estimaciones sectoriales y de especialistas. "Si no cambia el esquema actual de alícuotas, es prácticamente imposible la reversión de la tendencia de crecimiento de este saldo", se desprende del informe de la UIC.

Asimismo, existe una alta preocupación por los cambios introducidos al Régimen de Bonos 379/2001 para los fabricantes nacionales de bienes de capital y surge la necesidad de flexibilizarlo. Sumado a la demora habitual en la recepción de los bonos, la nueva norma incorporó restricciones y requisitos que producen un efecto negativo y un perjuicio importante, principalmente en cuanto a la limitación en el endoso y en el manejo de plantilla de personal; y en menor medida, la disminución de la fecha de vencimiento.

"Se plantea la necesidad de revertir esta situación a través de la flexibilización de requisitos y exigencias incorporados en estos últimos meses como así también la posibilidad de que dichos bonos puedan ser aplicados al pago de aportes y contribuciones al Régimen de Seguridad Social. Esto incentiva seguir trabajando con fuentes de empleos en forma regular", sostuvieron.

Por otra parte, los empresarios consideran "imprescindible" la discusión en el Congreso de la Ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) a fin de tener mayor seguridad jurídica. "Su indefinición está afectando directamente la continuidad de muchas firmas y el sostenimiento de miles de puestos de trabajo", indicaron.

La incertidumbre es otro de los obstáculos mencionados. "La falta de políticas claras de parte del gobierno nacional para el acompañamiento en esta crisis es un tema de intranquilidad del sector. La preocupación es cada vez mayor sobre la duración de la crisis y el período de recesión, sumado a la falta de consumo, repercutiendo directamente en la caída/pérdida en las ventas

y/o rentabilidad. También, se agregan los cortes y retrasos en la cadena de pagos y cheques devueltos afectando a todos los sectores productivos", expresaron.

La conflictividad laboral genera una preocupación extra y los directivos piden que la administración central intervenga o medie dando señales concretas para consensuar medidas tendientes a preservar el empleo por encima de cualquier otro reclamo salarial o secundario. "Las presiones sobre los costos salariales se multiplican y la puja entre subas nominales de salarios y traslado del costo laboral a precios (en el mejor de los casos) inducirá una mayor conflictividad laboral con posible impacto en la productividad", señalaron. Los argumentos esgrimidos son que en el segundo trimestre de 2008 el Ministerio de Trabajo de la Nación homologó 350 negociaciones colectivas, un 52 por ciento más que en el mismo período del año anterior y en setiembre pasado se registró el índice de conflictividad más alto de los últimos cinco años.

Financiamiento y presión tributaria

Los pedidos clásicos sin respuesta son créditos blandos con tasas subsidias para acompañar el crecimiento y menor presión tributaria. Los recurrentes problemas de acceso al financiamiento y alta tasa de interés se traducen en una grave barrera para la modernización empresaria; a lo que se suma el corte o estiramiento de la cadena de pagos, "por lo que contar con las herramientas adecuadas para dar liquidez y capital de trabajo es vital para el mantenimiento productivo".

Las propuestas pasan por herramientas convencionales y alternativas no financieras como diferimientos impositivos o en las contribuciones patronales. También se debería trabajar para flexibilizar la normativa del Banco Central, morigerando los requisitos y permitiendo la reinserción al sistema financiero de aquellas empresas que quedaron fuera. "Sería importante que los fondos depositados tengan un destino según origen; es decir, que los depósitos que se efectúan en Córdoba se presten en provincia y no como en la actualidad que los de todo el país se prestan en Buenos Aires, conspirando contra la federalización de la producción", sugirieron.

Respecto a la cuestión impositiva, destacaron que la mayoría de las medidas de la política económica no pasó por reducir los impuestos como hicieron varios países. "El Estado está compitiendo por los fondos que hay en la economía con el sector privado", afirmaron, al tiempo que añadieron que si el gobierno no actualiza los mínimos no imponibles, el resultado será que más personas queden incluidas por el impuesto y paguen montos más altos porque las alícuotas se incrementan con el valor nominal del patrimonio. En ese sentido, insistieron en la necesidad de eliminar el Impuesto a los Ingresos Brutos de la provincia y a nivel nacional, el del cheque.

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