Piden obligar a la Nación a declarar la emergencia sanitaria por el dengue

Un grupo de profesionales de Buenos Aires presentaron una medida cautelar para que la Justicia obligue al Gobierno Nacional a declarar la emergencia sanitaria por el dengue en todo el territorio nacional (algo que no se logró en el Congreso), para que "asuma la dirección de la epidemia articulando con las provincias y municipios de todos el país la implementación de las acciones unificadas, afectando al personal a las tareas de control, prevención, vigilancia y erradicación del dengue y el vector, a contratar locaciones de obra, servicios no personales y/o de terceros, adquirir equipamiento y efectuar todo gasto para hacer frente a las mismas y/o a la evaluación de situaciones de emergencia existentes o que pudieran producirse, en cada región o zona sanitaria".
Junto a la cautelar se presentó un recurso de amparo para que el Estado sea condenado "a realizar las acciones urgentes, adecuadas, preventivas, programadas y sostenidas en el tiempo de acuerdo a la normativa sanitaria internacional de la OMS (Organización Mundial de la Salud), y OPS (Organización Panamericana de la Salud), que resulten razonables, eficaces y eficientes para enfrentar la grave epidemia de dengue que sufrimos como consecuencia de la ausencia de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos humanos a la salud y a la conservación del medio ambiente.

Lejos del razonamiento de la ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, quien entendió que para solucionar el tema del dengue no solo hay que pensar en los fondos con los que se cuenta, en el amparo se solicita "se ordene dictar los actos administrativos razonables con la asignación de partidas presupuestarias adecuadas y suficientes".

El amparo fue presentado por Maria Marcela Natiello, afectada directa con el virus del dengue serotipo 3, médica especialista en infectología y neumunología del Hospital Francisco Muñiz, Edith Dinerstein, médica especialista en infectología del Hospital Evita de Lanús, Delia Martinez, bioquímica del Hospital Evita de Lanús y Liliana Fontan, defensora de derechos humanos y miembro de la Mesa Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

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