Un plenario de ese tribunal de apelaciones, presidido por Martín Irurzun, envió ayer una copia del sumario a ese organismo para que decida si le inicia un juicio político, un tribunal de disciplina o cierra el caso. Fuentes judiciales informaron a Clarín que como Oyarbide admitió un hecho que puede constituir un delito y la Cámara no tiene poder disciplinario sobre un juez, se decidió elevar el caso a la Magistratura, que se reúne hoy y podría tratar el pedido.

La decisión de la Cámara se tomó en paralelo al pedido de juicio político que presentarán contra Oyarbide los diputados del radicalismo, Manuel Garrido y PRO, Federico Pinedo, entre otros, en la Magistratura (Ver página 5). Se trata de un test político para medir si es cierto que La Cámpora -que ahora tiene dos miembros en la Magistratura- le bajó el dedo al juez más controvertido de los últimos años.

De todos modos, la Cámara se quedó con una copia de sumario para seguir investigando al secretario de Oyarbide, Carlos Leiva y a otros funcionarios de ese juzgado que intervinieron en los hechos para determinar si cometieron faltas disciplinarias.

Ayer Oyarbide admitió ante los periodistas en la puerta de su casa que entregó un escrito a la Cámara Federal donde reconoció que había frenado un allanamiento que se estaba haciendo en una financiera el pasado 19 de diciembre en la Recoleta cuando recibió un llamado del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi. El allanamiento era uno entre otros 20 en una causa en que se investigaba supuesto lavado de dinero. Oyarbide conoce a Liuzzi porque lo sobreseyó el año pasado en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito.

Dijo que paró el allanamiento para defender “su buen nombre y honor”, en lugar de hacerse presente él mismo y seguir con la medida garantizando los derechos de los investigados. Aseguró que los policías Fabio Ascona y Angel Castro -que pidieron al dueño de Propyme Guillermo Greppi una coima de US$ 300 mil (Ver página 4)- estaban usando su nombre para cometer “tropelías”.

“No tengo nada para ocultar”, remarcó, tras aclarar que no tenía idea de “cómo el señor Liuzzi se enteró de esas cosas”, en alusión a una orden de allanamiento que es secreta, agregó. De acuerdo a la denuncia que instruye el juez Luis Rodríguez, los efectivos hicieron ese pedido de dinero, pero luego anunciaron que levantaban el allanamiento porque los habían “llamado del Juzgado”.

En declaraciones a varias radios, Oyarbide contó que luego de recibir la llamada de Liuzzi “establecí contacto telefónico con el secretario actuante, el doctor Carlos Leiva y le ordené que de forma manuscrita escribiera una resolución que yo mismo me encargué de dictar”. “Esa resolución manuscrita yo la acompañé (al escrito enviado) a la Cámara Federal, al señor presidente, al doctor Irurzun, a los efectos de que él estimara corresponder, un sumario administrativo o lo que fuere. Y también hice la denuncia penal sobre el hecho y está interviniendo el doctor Rodríguez”, dijo en su defensa.

Por esa razón, la Cámara Federal también mandó una copia del escrito de Oyarbide al juez Rodríguez, que investiga el intento de cohecho, y al juez federal Julián Ercolini, quien se quedó con la investigación por lavado de dinero.

Ahora el juez Rodríguez deberá llamar a declarar, no se sabe si como testigo o imputado, a Luizzi -quien hace pocos días regresó de EE.UU. por un problema médico- lo que complica al Gobierno con este nuevo escándalo. Oyarbide se salvó de ser destituido por un juicio político por el escándalo de Spartacus en el 2001 gracias al menemismo. Luego sobreseyó en tiempo récord al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito en el 2009 y el kirchnerismo lo salvó de más de 20 pedidos de juicio político.