Ante el último informe dado por la Auditoria General de la Nación (AGN) y la denuncia que ya en junio del 2010 presentara la entonces diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires, Elsa Quiroz (CC-ARI), contra el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, por irregularidades en la adquisición de terrenos en la localidad bonaerense de José C. Paz.

Recordó que en su denuncia, Quiroz explicó que "el 28 de febrero del año 2008 se hicieron dos operaciones inmobiliarias en el mismo día, donde el protagonista fue Sergio Schoklender, quien por un lado compró 12 terrenos por un valor de 95 mil dólares, de los cuales pagó 5 mil dólares y el resto en tres cuotas de 30 mil dólares".

En este sentido, la ex legisladora agregó que la otra operación corresponde a "la compra de cuatro terrenos, con un costo de 65 mil dólares", e infirió que "probablemente" se trate de la casona de 19 habitaciones y 14 baños que posee Schoklender.

"El señor Schoklender no es un funcionario público pero al estar en una fundación que recibe dinero del Estado, tiene que haber un control o una probada transparencia, porque ese es dinero de los argentinos", concluyó la ex legisladora nacional", opinó.

Asimismo recordó que "en junio del 2011 la Comisión de Viviendas de la Cámara de Diputados de la Nación realizó actividades en la Provincia del Chaco, de las que participe, a los efectos de investigar todo lo relacionado con el convenio celebrado con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En dicha oportunidad, se mantuvo una reunión con el entonces gobernador Jorge Milton Capitanich quien dio su versión de la cuestión y de todo ello, se determinó que "en la provincia del Chaco no cierran los números ni las explicaciones del gobernador", ya que de acuerdo a lo informado por éste desde el 2008 a la fecha solo se terminaron 348 viviendas de 2 y 3 dormitorios de las 1.228 que se debían hacer. 5 hospitales de nivel III y 4 puestos sanitarios".

"Especial consideración, se tuvo en ese momento de los precios pagados que surgieron de una simple operación matemática de dividir lo abonado por la cantidad de viviendas hechas y dando como resultado que el valor de cada vivienda era de $225.287 con la inclusión de llamado kit social" en contraposición con el valor dado por la organización de Raul Castells quien expreso que el valor de cada una de las construidas por ellos, en ese momento, era de $70.000 o sea que el sobreprecio de las construidas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo es de 300 veces más de lo que cuesta en realidad. Y aclaró Castells que el sistema utilizado por la Fundación Madres es de telgopor y no de ladrillos, lo que implica un costo menor a lo que se pagó", explicó.

La ex diputada Terada, en aquella ocasión, coincidió con la mayoría de los legisladores que no fueron explicaciones convincentes "de acuerdo a los dichos del gobernador, "este es un sistema o paquete que bajo de Nación, con todo el estudio de costos o precios, con contratación directa con la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, sin licitación ni siquiera compulsa de precios, y esto no está bien y no lo podemos aceptar" y agregó que "llama la atención que en el Chaco, se sacara la función del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas, que es el órgano provincial creado por Ley y cuya función es todo lo referente a construcción y adjudicación de viviendas, y por Decreto Nº 1112/2009 se transfiere esa función al Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Provincia, y posteriormente por Decreto Nº 1507/2009 se crea la UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS ESPECIALES (UEPE) a cargo de Jorge Franco. Al respecto el entonces presidente de la Comisión de Viviendas, diputado Faustinelli, destacó que sería la única provincia que creó una unidad ejecutora para los programas con la Fundación de Madres".

Terada destacó que "es importante recalcar que Capitanich reconoció que no se respetó las autonomías municipales, ni se les dio intervención en los programas, a pesar de que la viviendas se construyeron dentro de su área territorial. Además los intendentes de Resistencia y Sáenz Peña denunciaron que no se presentaron ni se aprobaron los planos de las obras respectivas".

Finalmente consideró que "todos los ciudadanos deben tener conocimiento del destino de los fondos públicos utilizados en el Programa de Viviendas Sueños Compartidos debido a los acontecimientos sombríos que acechan al mismo" y en consecuencia, se debe seguir investigando hasta determinar las responsabilidades conjuntas administrativas, civiles y/o penales, que tuvieron el Ministro Julio De Vido, el sub-secretario Abel Fatala, el entonces gobernador Jorge Capitanich, el entonces ministro de Infraestructura del Chaco, Omar Judis, el responsable de la Unidad Ejecutora de Planes Especiales, Jorge Franco y demás funcionarios involucrados".