Piden que se investigue a otras 50 obras sociales

El fiscal Comparatore requirió al juez Oyarbide que amplíe la indagación sobre el presunto vínculo entre diversos sindicatos y la mafia de los medicamentos. El magistrado citará a indagatoria a Zanola y su mujer en unos 15 días.
La Justicia avanza sobre la mafia de los medicamentos. Luego de la postergación de las elecciones internas en La Bancaria por supuestas irregularidades en los padrones, el fiscal Luis Comparatore solicitó al juez de la causa, Norberto Oyarbide, que se amplíe la investigación por tráfico de medicamentos adulterados a otras 50 obras sociales.

Entre las entidades detalladas por el fiscal figuran la de los camioneros, de Hugo Moyano, la del Personal Docente (OSPLAD), de Loterías y Casinos, de la Carne y la de los mecánicos (SMATA), que "surgieron de los allanamientos realizados por Oyarbide en dependencias de la Obra Social bancaria y en la droguería Sna Javier", según informaron fuentes judiciales.

En su dictamen, Comparatore "dejó abierta la posibilidad" de que el magistrado actúe con respecto a cualquier otra entidad que aparezca vinculada con los hechos ilícitos que se le atribuyen a la OSBA, aseguraron allegados al sumario.

Oyarbide impuso el martes el secreto de sumario en la causa para poder evaluar todo el material de prueba que hay en el juzgado, consistente de documentación y escuchas telefónicas entre representantes de obras sociales involucradas y de las droguerías.

El juez anunció que en 15 o 20 días citará a declaración indagatoria al empresario Néstor Lorenzo, propietario de las droguerías San Javier y Multipharma, al ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli, al titular del sindicato bancario, Juan José Zanola, y a su pareja, Paula Aballay, entre otros.

El magistrado dijo, además, que "son cientos" las personas que acuden al juzgado a su cargo para dar testimonio de los perjuicios que les ocasionó el consumo de medicamentos presuntamente adulterados y aseguró que el titular del gremio bancario "está muy comprometido" en la causa.

A través del procesamiento de numerosos testimonios y escuchas telefónicas, Oyarbide intenta comprobar si hubo conexión entre las autoridades de las obras sociales y los dueños de las droguerías. Esto es para saber si se configuró una asociación ilícita en la comercialización de medicamentos adulterados para pacientes con cáncer, VIH y hemofilia.

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