En su requerimiento, el fiscal destacó que si bien la relación matrimonial entre ambos está finalizado, “el vínculo patrimonial no se habría interrumpido” y reparó en tres operaciones inmobiliarias realizadas por la mujer entre 2009 y 2011, antes de que Pérez Corradi se profugara a Brasil.

Según publica el sitio www.fiscales.gob.ar, Picardi aludió a un “incremento patrimonial no justificado” por la suma de $1.469.450 aplicada por Aurehhuliu para la obtención de un plan de blanqueo, que “habría provenido de operaciones que, en principio, podrían constituir maniobras de lavado de dinero”.

En julio pasado, Pérez Corradi fue enviado a juicio oral y público en la causa de la llamada “mafia de los medicamentos”, en la que está acusado de facilitar su caja de ahorro y cambiado cheques para “darle un viso de legalidad a dinero proveniente de maniobras delictivas”.