Piden investigar al directorio, pero no coinciden en el modo

Llegaron por la misma vía a conclusiones antagónicas. Julio Cobos, en su dictamen definido casi en soledad, y los diputados de la Coalición Cívica, que elaboraron a coro el de Alfonso Prat Gay, cuestionaron severamente la gestión de Martín Redrado en el Banco Central hasta antes de negarse a aportar reservas al Fondo del Bicentenario. Es sabido que el vice recomendó la remoción y el gurú económico de Elisa Carrió no.
A partir de sus fundamentos, ambas partes coincidieron también en promover una investigación al directorio que acompañó a Redrado y se mantiene en funciones, para verificar si también existen causas para removerlo. Pero en ese punto vuelven a diferir, esta vez por la metodología.

La Coalición Cívica, con Carrió a la cabeza, pedirá esta tarde para que la tarea sea asumida por la Bicameral que se encargó de analizar la remoción de Redrado. Y asegura contar con el aval del Peronismo Federal (la bancada que encabeza Felipe Solá) y el PRO.

En su dictamen -al que Clarín pudo acceder parcialmente, pese a su carácter reservado- Cobos se había anticipado a aconsejarle a Cristina que solicite la investigación del directorio "para esclarecer posibles responsabilidades" sobre el mal desempeño en sus funciones. Para el vicepresidente, la única habilitada para convocar a esa comisión para iniciar el proceso de destitución de un miembro del directorio del banco es la Presidenta, tal como lo establece el artículo 9 de su carta orgánica y que fue el utilizado en el caso Redrado. Así se lo indicó su asesor Raúl Baglini, quien integró hace nueve años la Bicameral que diseñó el reglamento interno antes de iniciar el proceso que concluyó en la destitución de Pedro Pou de la presidencia del Central.

Con todo, cerca de Carrió alegan que el reglamento interno de la Bicameral -que completan el diputado kirchnerista Gustavo Marconato y dos senadores aún sin designar- le permite investigar denuncias de legisladores o particulares.

Si bien Cobos sostuvo en su voto que "no encontró razones válidas en los argumentos del decreto 18/10" (es decir la negativa a transferir reservas) para remover a Redrado, justificó la recomendación de avanzar con esa medida por "elementos anteriores y posteriores al mencionado". Entre los primeros enumeró responsabilidades en el manejo de los adelantos al Tesoro ("siempre se utilizaron más allá de la emergencia que prescribe la ley", dicen cerca del vice) y de una política monetaria que -según opinó Cobos- no fue los suficientemente autónoma para "contribuir a atenuar los riesgos del efecto de la inflación".

Los errores posteriores al DNU de remoción que atribuyó a Redrado consistieron en "una actitud imprudente que puso en riesgo la institución. Basta ver la repercusión internacional del conflicto". Y entre los motivos mencionó la amenaza de divulgar una lista de poderosos que compraron dólares y su posterior desmentida.

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