La oposición apuntó al Ministro de Transporte provincial, Dante Heredia, tras la denuncia difundida en el programa ADN , de Canal 10, que involucró a sus funcionarios más cercanos en acciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Tras la renuncia, el viernes pasado, de Ramón Sánchez, presidente del directorio de Caminos de las Sierras, la empresa estatal concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC); anoche se emitió un registro de cámara oculta en el que aparece solicitando un retorno, a modo de diezmo del sueldo, a empleados bajo su dependencia.

En otro pasaje de la denuncia, otro funcionario de Heredia, el secretario Martín Aráoz, fue sorprendido instruyendo a un supuesto inversor sobre negocios irregulares y aconsejando la facturación de sobreprecios por servicios no prestados al Estado provincial.

Desde el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), en la
Legislatura, emplazaron al ministro a que “concurra a la Unicameral en las próximas 48 horas para brindar explicaciones sobre lo ocurrido”.

En un comunicado la bancada denunció “la falta de control en las empresas y agencias estatales sobre los fondos que se manejan y su destino”, por lo que pidieron que la situación sea esclarecida “con total celeridad”.

Por su parte, el Frente Cívico (FC) que lidera el senador nacional Luis Juez, fue más allá y realizará hoy una denuncia 
penal en la Justicia en contra de Heredia y Sánchez.

El propio Juez, acompañado por dirigentes de su partido, se presentará a las 8, en la sede de Tribunales II para plantear la demanda judicial.

“El Frente Cívico enmarca esta acción penal en la manifiesta relación que existe entre el renunciado titular de Caminos de las Sierras, Ramón Sánchez, la arquitecta Sandra Abud y el ministro Heredia”, dijo ayer el Frente Cívico en un comunicado. Asimismo, reclamó que el Ministro Heredia haga efectiva “de manera inmediata” su renuncia al cargo.

Caminos de las Sierras. El juecismo también adelantó que desde el Ersep se solicitará “la intervención cautelar” de la empresa Caminos de las Sierras. Consideran que “el contrato de concesión establece que ‘ante graves irregularidades’, se debe proceder en ese sentido”.