Los Bomberos de la ciudad de La Punta tienen un incendio, pero ahora  las llamas danzan dentro del propio cuartel. Después de varias semanas de reclamos, los socios fundadores de la institución presentaron a la Dirección de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas un pedido de intervención y de convocatoria a elecciones para conformar una nueva Comisión Directiva. La solicitud está basada en una extensa lista de supuestas irregularidades que achacan a la conducción actual y que incluye un estado de acefalía en la organización, falta de equipamiento y seguros, ausencia de balances, desaparición del libro de actas, reticencia para informar sobre el destino de los fondos y  vehículos para combatir el fuego que no están en funcionamiento. 

 

“Los socios fundadores quisieron hablar con Karina La Torre, que hoy es  jefa del cuerpo activo y a la vez tesorera de la institución, una suma de cargos que está prohibida por estatuto. Al no recibir ningún tipo de información decidieron enviar la nota a Personas Jurídicas”, señaló Mónica Castillo, miembro del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de La Punta, quien junto a otros compañeros  instaló del  6 al 12 de abril una carpa de protesta al frente del cuartel,  ubicado por avenida Serrana.

 

En la presentación a Personas Jurídicas se solicita “una auditoría o fiscalización sobre los balances, cuentas e ingresos de la institución” y  puntualizan que la Comisión Directiva actual está acéfala por “término de mandato”, al explicar que no ha  existido una renovación de dicha comisión. Subrayan que al no haberse actualizado el registro de asociados y no abonarse la cuota societaria,  “no hay ningún socio en condiciones de votar o ser elegido”.

 

Castillo señaló que hoy el único móvil del cuartel que está operativo es una autobomba que circula sin seguro y cuya titularidad, al no haberse hecho nunca el correspondiente cambio de dominio, pertenece aún al cuartel de Bomberos Voluntarios de Avellaneda, en Buenos Aires. Advirtió que esta falta de operatividad podría convertirse  en un factor muy peligroso en los  próximos meses.

 

“Vamos a tener una época muy difícil de incendios producto de la gran cantidad de lluvias que se registraron  durante el verano. El problema es que de cuatro móviles que tenía la institución, tres están fuera de servicio desde ya hace dos años. Por eso, queremos que todo esto se ponga en orden de la manera más rápida posible”, afirmó.

 

Dicen que un ejemplo del caos administrativo que sufren los Bomberos de La Punta es la rifa denominada “Campaña de Socios Adherentes”. Con ella, los vecinos abonan una cuota mensual que, en teoría,  debería ayudar en la adquisición de nuevos elementos y para el mantenimiento de las unidades. Sin embargo, los socios que hicieron la denuncia aseguran que el dinero nunca  fue depositado en una cuenta bancaria.

 

Para Castillo, lo más insólito fue es la contestación que les dio La Torre cuando la falta de transparencia en el manejo de la rifa  fue un hecho conocido por los vecinos. “La gente venía pero no le podíamos dar  una respuesta. La jefa del cuerpo activo nos decía directamente que evadiéramos las preguntas”, afirmó, y señaló que otro caso de desmanejo es la suspensión de los subsidios nacionales  en el 2012  al no presentarse los balances. 

 

Intencionalidad política

 

Los bomberos de La Punta sospechan  que el deterioro de la institución es un estado provocado de manera deliberada y no descartan que exista una intencionalidad política. 

 

“A Alberto Tuninetti, que ahora se presenta como asesor legal externo y quien fue también  presidente del cuartel, se le ha dado mucho espacio. Este hombre maneja y coordina en la ciudad programas nacionales como 'Fiambres y Pescados para Todos'. Utilizaron las instalaciones de  nuestra organización para promover estas actividades”, señaló Castillo.

 

Antecedentes

 

La presentación en Personas Jurídicas es el último eslabón de una institución acostumbrada a los conflictos internos y de  cuentas que no son rendidas.  

 

Castillo recordó que en el 2008 La Torre se acuarteló durante la presidencia de Tuninetti, lo que motivó la intervención de Personas Jurídicas.