Piden interpelar al ministro Benvenuto

En la legislatura provincial ya existe un proyecto para interpelar al ministro de Obras Públicas, Pablo Benvenuto, sobre distintos aspectos de la obra pública, entre los que se incluyen la sospechosa licitación de 1.800 viviendas realizada recientemente; las irregularidades en emprendimientos llevados adelante en la anterior gestión. Se pretende también "que informe sobre la actuación administrativa de la cartera a su cargo, respecto a la aceptación final de obras cuyos defectos de construcción son probados".
El proyecto fue impulsada por Josefina Díaz, y apoyado por todos los legisladores del Frepam, que desde hace un tiempo mantiene una posición crítica con respecto a las condiciones en que se hizo la obra pública en La Pampa. Las viviendas deficientes en su construcción, las columnas caídas de la línea eléctrica Santa Rosa-Macachín, la voladura del Polideportivo de Ataliva Roca, y el megaestadio, son para los legisladores frepamistas "la viva imagen de lo que sucede en la provincia con la obra pública.

Josefina Díaz le dijo ayer a LA ARENA "que no debe sumariarse a los inspectores o a quienes certificaron, que en algunos casos carecen de capacidad técnica para determinar la calidad de las obras que visitan. Si hay que apuntarle al Poder Ejecutivo y al ministerio de Obras Públicas que son los que tienen "la verdadera responsabilidad en los problemas que presentan viviendas, edificios y otros emprendimientos del gobierno provincial".

"No son los inspectores".

La legisladora dudó de la posibilidad de que los inspectores pudieran "estar arreglados. No son ellos los responsables, sino los de arriba", agregó contundente.

Y precisó: "En el caso de las escuelas que presentaban graves fallas la Fiscalía de Investigaciones Administrativas -el titular era entonces Eduardo Romero Oneto- ordenó sumarios... pero a los directivos de las escuelas por no reclamar por las deficiencias que presentaban los establecimientos. ¡Una cosa increíble! Para nada se tocó a los verdaderos responsables, lo que marca la inequidad del juzgamiento de las situaciones que se presentaron", dijo la diputada.

Ejemplificó con el megaestadio: "si no encuentran calculista para hacer el techo ahora, ¿como un simple inspector podría determinar qué fallas podría tener? Tendría que ser un máster en ingeniería o arquitectura, algo así, para saber qué es lo que correspondía hacer con esa obra", analizó.

Interpelación.

De todos modos el pedido de interpelación no parece tener un panorama de factibilidad, teniendo en cuenta que desde el Frepam se pretende investigar la gestión de Carlos Verna. No serían precisamente los diputados vernistas los que abrirían alegremente esa posibilidad.

Apunta el proyecto que en el título segundo de la Constitución provincial, Atribuciones y deberes de la Cámara de Diputados, artículo 68 inciso 8, "se establece la facultad que tiene el cuerpo de interpelar a los ministros del Poder Ejecutivo", dijo Díaz.

Continuó diciendo que esa posibilidad "debe ser utilizada con responsabilidad, y ese siempre fue el criterio de nuestro bloque con respecto a la obra pública en la provincia". Destaca que "se requiere la presencia del ministro en el seno del recinto porque podría aportar a un debate que contribuiría a la buena representación del pueblo de La Pampa".

Finalmente Díaz señala que "la responsabilidad también indica sostener el cuestionario y el debate en el pleno del recinto, y por eso solicitamos la presencia del funcionario del Ejecutivo".

Robledo: "Ya ocurrió con el Plan 5000"

El diputado del PJ, Roberto Ricardo Robledo, que además es secretario general del gremio de la construcción, avaló ayer la hipótesis del presunto acuerdo entre las empresas constructoras para repartirse las licitaciones de 2.000 viviendas. "Ya ocurrió con el Plan 5000, cuando a través de la Cámara Argentina de la Construcción, las empresas llegaron a un acuerdo y se repartieron las casas según la capacidad (técnica y financiera) de cada una de ellas", expresó. Ese plan comenzó a levantarse en 1994 (ver aparte).

"No sé si ahora hicieron lo mismo -acotó en Radio Noticias-, pero si hubo una equidad en los precios (en que cotizaron las viviendas) es porque debió haber algún acuerdo a través de las autoridades de la Cámara de la Construcción (de La Pampa)".

- Un acuerdo que beneficia a las empresas y no al Estado.

- No sé si beneficia a las empresas. Hubo una licitación donde los oferentes estuvieron de acuerdo en fijar un monto similar para las viviendas; pero en todos lados no cuesta lo mismo. Por ejemplo, en 25 de Mayo, Santa Isabel o Algarrobo del Aguila las casas son más caras porque se trata de construcciones antisísmicas.

- Pero hablemos de Santa Rosa o General Pico, donde el reparto parecería casi obsceno. ¿O a usted le parece lógico que una misma empresa licite con precios diferentes en la misma ciudad?

- Yo simplemente trato de decir lo que aparentemente pasó. Es probable que las empresas hayan llegado a un acuerdo para repartirse las viviendas y no licitar entre ellas.

- O no competir, porque si hubieran competido quizá el Estado hubiera logrado mejores precios.

- Eso hay que preguntárselo a quienes llevaron adelante la licitación, al ministro de Obras y Servicios Públicos (Paulo Benvenuto) o a las autoridades del IPAV (Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda).

- ¿Cree que es "natural" que las constructoras se pongan de acuerdo en lugar de competir, ofrecer precios más baratos y adjudicarse más viviendas?

- Estoy de acuerdo con que una licitación es para que los oferentes compitan entre sí; lo que estoy diciendo es que a veces los mecanismos fueron otros, y que es como algo aceptado. No quiero decir que esté bien, sino que son mecanismos que se usaron en otras oportunidades. Imagino, que si ahora los vuelven a repetir, es porque tanto a las empresas como al Estado les habrán dado buenos resultados.

- ¿Pedirá algún informe?

- La comisión (de Asuntos Agrarios, Turismo, Industria y Obras y Servicios Públicos, que preside Robledo) podría invitar al ministro o alguien del IPAV (su presidente es Julio Rojo) para que explique cómo se llegó a este tipo de licitaciones.

Hace 11 años hubo "arreglo" por Plan 3000

A raíz de la denuncia realizada por LA ARENA, el alevoso acuerdo entre las firmas constructoras fue desarticulado por el entonces gobernador Rubén Marín, que debió convocar a una nueva licitación "para no dejar sospecha sobre la transparencia de la operación".

Hace 11 años, el 3 de marzo de 1998, LA ARENA denunció que 14 empresas se habían puesto de acuerdo y se habían repartido las licitaciones para la construcción de 3.341 viviendas (el denominado Plan 3000), divididas en 36 zonas y totalizando 57 localidades.

En aquella oportunidad, el arreglo entre las firmas constructoras consistió en que sólo se presentaba una por zona, distribuyéndoselas a todas entre ellas y sin que compitieran.

Lo primero que se tuvo como reacción ante tamaña noticia fue el silencio, tanto desde el IPAV (a cargo de Hugo Agüero y Luis Araniz) como de la Cámara de la Construcción de La Pampa, que hace 11 años tenía a Luis Moldovan como presidente.

La única voz gubernativa que inmediatamente le dio entidad a la sospechosa licitación fue la del ministro de Hacienda, Ernesto Franco, quien a raíz de lo publicado consideró "llamativa" la particularidad de las ofertas y se comprometió a investigar lo ocurrido.

"Yo no creo en las casualidades y por la forma en que se han presentado, es demasiado evidente que algún tipo de acuerdo debe haber existido. Tendremos que verificar que los intereses del contribuyente como del futuro adjudicatario no se han visto vulnerados y en consecuencia tomaremos una decisión", sostuvo Franco.

Luego, Agüero señaló que la licitación era "valida, tanto técnica como administrativamente porque se habían cumplido todos los pasos del pliego de licitación, más allá de que se ajusten o no al precio tope (del presupuesto)".

También dijo que "de comprobarse el acuerdo entre las empresas, se anularía la licitación".

Moldovan, cuando el escándalo era imposible de ocultar, incluso los bloques legislativos de la oposición pedían informes al Ejecutivo, además de negar el "arreglo" le atribuyó a LA ARENA la autoría de una "maniobra política" para desacreditar el Plan 3000 y advirtió que si se hacía de nuevo la licitación de las 3.341 viviendas "muchas de las 14 empresas no se presentarán por los precios bajos estipulados".

En esa licitación el precio del metro cuadrado de construcción rondaba los 340 y 380 pesos.

Según el empresario Moldovan, el "culpable" de lo ocurrido era el IPAV por "haber fijado un precio tope muy bajo y la exigencia de que cada empresa debía proveer los terrenos, lo que limitó la cantidad de firmas en condiciones de cotizar".

El 11 de marzo, menos de dos semanas después de la denuncia de LA ARENA, el entonces gobernador Rubén Marín anunció que se licitaría otra vez la construcción de las unidades habitacionales "para no dejar manchas o sospecha alguna sobre la transparencia de la operación".

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