Legisladores de Alianza Concertación solicitaron a la secretaria de Medio Ambiente de Río Negro, Laura Juárez, que remita el listado actualizado de generadores, transportistas y operadores de residuos especiales y copia del "manifiesto" utilizado para la gestión de esos elementos generados y tratados. Por otra parte, ese mismo bloque impulsó una iniciativa de ley para poner fin a la basura electrónica.

También requirieron a la funcionaria que elabore y les envíe detalle de la naturaleza y cantidad de residuos especiales generados, su origen, transferencia del generador al transportista y de éste a la planta de tratamiento o disposición final, así como los procesos de eliminación a los que fueren sometidos.

Juárez deberá detallar, además, el valor y la periodicidad de la tasa que abonan los generadores en función de la peligrosidad y cantidad de residuos que producen, y también un informe sobre la existencia e implementación efectiva del sistema de información de libre acceso a la población con el objeto de hacer públicas las medidas que se apliquen en relación con la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales.

Este planteo apunta de echar luz sobre algunas sospechas acerca de que no se estarían cumpliendo algunos protocolos de actuación, sobre todo en relación a las maniobras con hidrocarburos. La inquietud, impulsada por Alejandro Betelú –entre otros–, está expresada de cara a nuevas contrataciones que se puedan concretar en la industria petrolera con la nacionalización de YPF, y convenios que se puedan llegar a formular con terceros prestadores.

Paralelamente, se pretende desde ese sector político declarar a los residuos electrónicos como potencialmente peligrosos y susceptibles de ser especialmente atendidos por el estado provincial mediante un plan de manejo integral en todo el territorio provincial. En consecuencia, de prosperar la iniciativa, el Estado rionegrino deberá asumir la responsabilidad por sí o por terceros, de la recolección, almacenamiento, procesamiento, reciclado, recuperación de materiales reutilizables y su potencial comercialización. En estas funciones deberá sugerir la adhesión de los municipios como colaboradores necesarios.

La propuesta de Francisco González establece la creación del Sistema Provincial para el Tratamiento de los Residuos Electrónicos, y en consecuencia sus objetivos permanentes serán promover el reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tratando a las fracciones peligrosas de manera ambientalmente segura, maximizar la recuperación del material valioso, crear modelos de negocios ecoeficientes y sostenibles, y minimizar los impactos negativos y maximizar los beneficios en lo social, atendiendo cuidadosamente el contexto local.