Piden informes por nueva polémica resolución de Rentas

El diputado Héctor "Cacho" Bárbaro, junto a sus pares Esteban Lozina y Ricardo Biazzi, presentó un proyecto donde le solicitó al Poder Ejecutivo y a la Dirección General de Rentas que informe sobre los alcances y fundamentos de la controvertida resolución general 028/09.
En los fundamentos, Bárbaro manifestó que tal medida, puesta en marcha desde el 28 de agosto, "viene a cambiar drásticamente el régimen tributario para las empresas prestadoras de servicios públicos en la provincia, estos cambios se efectúan desde el 1 de setiembre, es decir cuando aún faltan cuatro meses para la finalización de este ejercicio anual que ha sido presupuestado por esta Cámara, tanto en sus ingresos como en sus gastos, por lo tanto una medida de esta naturaleza esta fuera de toda previsión, y creemos importante saber cuáles han sido las razones de la misma".

En esa línea, el legislador y referente del Partido Agrario y Social, señaló que "queremos saber si ha sido evaluado el impacto económico general y en el costo de los servicios esenciales en particular. Los antecedentes y la realidad nos señala que la empresas de servicios públicos trasladan en forma directa sobre los usuarios cualquier nuevo costo impositivo, con lo que el encarecimiento estos servicios viene a golpear en forma directa, aún mas, la economía familiar de los misioneros.

Duras críticas a Thomas

Por otra parte, Bárbaro resaltó que la iniciativa que le otorga más facultades extraordinarias a Rentas es "lisa y llanamente un disparate que avasalla la Constitución provincial", al tiempo que puntualizó que "cuando el Partido Agrario y Social llegue al Gobierno no queremos que (Miguel) Thomas sea el titular del organismo. Sí vamos a querer que Thomas, como otros tantos funcionarios, comparezca ante la Justicia para justificar su incremento patrimonial en todos estos años con un sueldo como el que percibe".

"La Constitución Provincial establece en su artículo 116, que el Gobernador es el Jefe de la Administración y el inciso 5) del mismo artículo dice que es competencia del Gobernador recaudar las rentas de la Provincia. De esto se desprende que es el Gobernador el que constitucionalmente está encargado de la recaudación de las rentas y por otra parte que es el encargado de la Administración, por lo que otorgar una estabilidad a un funcionario que reporta a la administración del Poder Ejecutivo, (en este caso el Director General de Rentas), es otorgar una estabilidad aún mayor a la que posee el propio Gobernador, pues a pesar de la voluntad de éste de designar a una persona determinada que se encargue de la recaudación de las rentas, su voluntad estará supeditada a lo que diga otro poder del Estado, como el poder Legislativo", resumió Cacho Bárbaro.

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