Piden informes al Gobierno y cuestionan el aumento

Los diputados electos quieren detalles sobre la derogación de las recategorizaciones políticas. Calificaron de "insuficiente" el aumento.
Los diputados electos por el Frente Cívico y Social, Guillermo Galván, Judith Díaz Bazán, Juan Amado y José Roldán le exigieron al gobernador Luis Beder Herrera que dé a conocer el número y fecha del acto administrativo mediante el cual deja sin efecto las recategorizaciones que se otorgaron los funcionarios que actualmente ocupan cargos políticos "y que aprovecharon las recategorizaciones antes de las elecciones de junio para otorgarse a si mismos las más altas.

"Esto constituye por lo menos una falta de ética muy grande y estamos estudiando si no constituye un delito penal, al haberse favorecido los propios funcionarios con su propia firma del aumento de categorías", sostuvieron los diputados electos del radicalismo.

Para los legisladores de la UCR, las recategorizaciones que se otorgaron algunos funcionarios "representan dinero de todos los riojanos que va a favorecer a un funcionario en actividad, dejando de lado a personal de planta que desde hace 20 años no es tenida en cuenta para las mejoras salariales".

Aumento insuficiente

Por otro lado, los diputados electos del partido centenario opinaron sobre el reciente aumento salarial otorgado por el Gobierno a los estatales y consideraron que se trata de una mejora "insuficiente" y que "dibuja una mentira que se develará en noviembre, cuando la gente perciba sus haberes mensuales".

"El aumento real será del orden de los 50 a los 110 pesos de bolsillo, cifra esta insuficiente para cubrir los gastos mínimos que necesita una familia para comer y que dependen de un sueldo estatal. Estos montos están muy lejos de representar un aumento del 30 por ciento como anunció el Gobernador el viernes pasado", añadieron.

Los diputados electos remarcaron que se quedarán sin ningún aumento salarial unos 4.000 empleados públicos que no pertenecen a la Administración Central y entre ellos mencionaron a los trabajadores judiciales, Legislatura, Tribunal de Cuentas y otros organismos.

Por último reclamaron que el Gobernador debe destinar la totalidad de los fondos extras conseguidos en la Nación - unos 70 millones, según estimaron- para que el aumento tenga relevancia "en el alicaído bolsillo del empleado público".

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