El concejal Nicolás Capelli se encuentra en la elaboración de un proyecto de políticas públicas urbanas para facilitar el acceso a la vivienda, junto a la agrupación política Vamos. Se trata de una propuesta que reemplazaría a la ordenanza del Banco de Tierras, nunca implementada. Posiblemente, esto llevará meses de debate y modificaciones. Sin embargo, atado a este, se solicita un relevamiento global de los terrenos fiscales desde 1976 a la fecha. Un punto que  traerá polémica.

El proyecto ingresado la semana pasada al HCD tiene dos aristas. Primero, a través de una comunicación, pedirle al “Departamento Ejecutivo información sobre partidas inmobiliarias, terrenos fiscales y barrios cerrados en el Partido de Luján, con sus modificaciones entre los años 1976 y 2018”. Mientras que, mediante una resolución, se le pide a la Directora Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial la misma información “a través del sistema digitalizado de información geográfica”.

La contrastación de esta información permitiría no solo conocer qué terrenos tiene disponible el Estado para avanzar en planes de viviendas o loteos sino también exponer la administración que cada gobierno ha hecho en estas últimas cuatro décadas sobre predios fiscales.

Entre la argumentación, Capelli expone que “es necesario conocer la disponibilidad de tierras fiscales en el partido de Luján” para el “diseño de mejores políticas públicas y el desarrollo de instrumentos urbanísticos más eficientes”.

“Es imprescindible contar con información fiable sobre los procesos de urbanización de nuestro Municipio. En los últimos años el Partido de Luján y específicamente este Honorable Concejo Deliberante ha sido protagonista de distintos debates en torno a la cuestión urbana, ambiental y de planificación territorial”, agregó el concejal de Unidad por Luján.

BANCO DE TIERRAS AMPLIADO

Entre los más de 80 artículos que contiene el proyecto de políticas públicas urbanas, se hace eje en cuatro ítems: disponibilidad de tierras, las viviendas ociosas, los inmuebles en alquiler y defensoría del inquilino.

Allí se estipula la creación del Sistema de Acceso a la Vivienda por Gestión Colectiva, como marco superador del Banco de Tierras. Este tendrá “por objeto la resolución de soluciones habitacionales a través de convenios de adjudicación de predios o fracciones fiscales a través  de asociaciones civiles sin fines de lucro, cooperativas de vivienda, entidades gremiales o sindicales o cualquier otra forma de asociación o agrupación de vecinos reconocida por la Carta Orgánica Municipal, como mecanismo de generación de procesos de gestión asociada de proyectos para el diseño y construcción de viviendas colectivas, individuales o prototipos de viviendas apareadas dirigidas a solucionar la problemática habitacional de sus miembros”.

Además, estipula la conformación de un “Sistema de Acceso Individual a Predios Fiscales, que  tiene por objeto ser aplicado para la adjudicación de aquellos predios que, por sus características físicas, topográficas, dimensionales, ubicación, etc., no puedan ser utilizados para la construcción de viviendas en el marco del Sistema de Acceso a la Vivienda por Autogestión Colectiva”.

Otro punto a abordar son las viviendas ociosas. En este caso, la Dirección de Planeamiento y Tierras deberá realizar “relevamientos periódicos respecto a cada uno de los inmuebles de la ciudad” para crear “el registro público de titulares y usos de los bienes inmuebles”. “Es objeto de la presente ordenanza mejorar progresivamente la relación entre personas que se encuentran en emergencia habitacional y viviendas vacías. Al mismo tiempo que regular el precio de los alquileres en la ciudad de Lujan”. Por eso, se considerarán viviendas ociosas “aquellos inmuebles que permanecieren desocupados de forma permanente, sin causa justificada, por el plazo de 6 meses o más”.

Además, se creará el Registro para la Habilitación y Categorización de Inmuebles destinados al alquiler como vivienda unipersonal o familiar en todo Luján; y la Defensoría de los Derechos de los Inquilinos/as, bajo la órbita de la oficina de Defensa al Consumidor.