Piden indagar al recaudador de la campaña oficialista

Piden indagar al recaudador de la campaña oficialista
Es Héctor Capaccioli, que debía controlar las obras sociales como superintendente de Salud
El recaudador de fondos de la última campaña presidencial del Frente para Victoria, Héctor Capaccioli, está en la mira de la Justicia, pero no por la manera en que se obtuvieron esos fondos, sino por los controles que debía hacer efectuado sobre obras sociales y laboratorios, sospechados de comercializar medicamentos apócrifos.

El fiscal federal Luis Comparatore pidió al juez federal Norberto Oyarbide que lo cite como sospechoso de brindar la cobertura estatal de las maniobras investigadas.

Capaccioli, a través de sus allegados, afirmó que "está a total disposición de la Justicia, desde el convencimiento de que cuando el juez lo cite explicará su función al frente del organismo y se aclarará que no tuvo relación alguna" con los medicamentos adulterados.

"Capaccioli cree en la Justicia y quiere que el juez lo cite lo antes posible, de modo de aclarar lo que haya que aclarar y termine este manto del sospecha que pesa sobre él", afirmaron y dijeron que "se han realizado los controles correspondientes y no hay nada que ocultar, porque todo está documentado".

El fiscal, en cambio, tiene sospechas sobre el accionar del funcionario, de quien dependía también la Administración de Programas Especiales (APE), un fondo millonario administrado por el Estado para pagar tratamientos muy caros, que luego eran reintegrados a las obras sociales. Se sospecha que muchos de esos tratamientos no se prestaron y que los troqueles de los remedios presentados para cobrar el reintegro eran falsos.

Red de traficantes

Comparatore envió a Oyarbide un dictamen en el que señala que en la causa de la mafia de los remedios "se advierte la existencia de una red de entidades y particulares dedicados al tráfico de sustancias peligrosas para la salud, con la consecuente intervención de empresarios del rubro farmacológico".

Explicó que los medicamentos detectados "no se encontraban en condiciones de ser consumidos, siendo que dicha circunstancia se encontraba oculta, generalmente, gracias a maniobras de adulteración de documentación y troqueles".

Además, el fiscal puntualizó que otra de las maniobras que se investiga es "la enajenación de productos de distribución gratuita de programas oficiales". Por eso el fiscal concluyó que tal despliegue de hechos ilícitos "necesariamente involucra la intervención de algunos funcionarios que en razón del cargo que desempeñaban, obvio es que cabe suponer que no podrían encontrarse al margen o bien ignorar lo que estaba sucediendo pudiendo constituir el costado estatal del entramado delictivo que se investiga".

Por eso, Comparatore concluyó que Capaccioli, como superintendente de Salud, "es uno de los que reviste mayor incumbencia en la materia" bajo investigación y "por el momento no puede descartarse a ciencia cierta su intervención en los hechos". Ahora el juez Oyarbide debe decidir si comparte estos argumentos para citarlo como sospechoso.

Capaccioli, como funcionario, debía controlar obras sociales y laboratorios y como recaudador obtuvo 34% de los fondos de la campaña electoral de droguerías y empresas relacionadas con la salud.

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