Piden al Gobierno que haga cumplir la suspensión de desmontes y tala

La Mesa de Tierra, integrada por comunidades originarias y familias campesinas del Chaco salteño, pidió por escrito al gobierno provincial que haga cumplir la orden de suspensión de los desmontes y la tala selectiva en los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria.
Le advirtió que aún quedan empresas sin ser notificadas de la paralización dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que esta situación está generando hechos de violencia entre pobladores de la zona.

"No se está dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte ya que se observa en distintos puntos de los mencionados departamentos extracción y tráfico de madera, desmontes y quema de cordones, como constan en las múltiples denuncias realizadas y quedó expresado en las reuniones convocadas en el marco del EIAc (estudio de impacto ambiental acumulativo)."

Sostuvo la Mesa de Tierra en una nota, fechada el 19 de este mes, al secretario General de la Gobernación, Ernesto Samsóm, en relación al amparo presentado ante la Corte Suprema que motivó que el 26 de marzo este tribunal dictara la medida cautelar de suspensión, por 90 días, de la tala y los desmontes en los cuatro departamentos norteños.

La Mesa añadió que saben que algunas notificaciones de la suspensión "fueron cursadas tardíamente y otras no han sido realizadas al día de la fecha".Como consecuencia "existen y continúan agravándose hechos de violencia en la población local que son de público conocimiento", por lo que solicitó "de manera urgente se tomen las medidas necesarias para evitar la situación denunciada; se notifique a la cámaras madereras, órganos de control, y particulares con autorizaciones dadas (de aprovechamiento forestal y desmonte) conforme lo ordena el fallo antes mencionado".

La Mesa expresó también sus objeciones a las reuniones convocadas por el Gobierno en el marco del estudio de impacto ambiental, concretadas los días 8, 9 y 11 de este mes: afirmaron que la convocatoria "no se realizó con la debida antelación ni por los medios adecuados para la zona" y "no se suministraron medios de movilidad, no garantizando así, la representatividad ni la participación efectiva de toda la población interesada"; además, la "metodología utilizada para el desarrollo de las reuniones fue inadecuada porque: no se contó con información oficial previa suficiente para la comprensión del objetivo de la reunión", el desarrollo del debate se dejó librado a los oradores, los participantes no pudieron exponer información propia, "fue discriminatoria porque no hubo traductores de idiomas nativos, fue irrespetuosa, agresiva, llegándose a situaciones de violencia física y verbal". También criticaron las encuestas por su redacción hecha en un "lenguaje técnico y culturalmente inapropiado", que no consideró la cosmovisión de los distintos grupos étnicos "ya que se adoptó una visión manifiestamente mercantilista de los bienes y servicios de la naturaleza" y "no se evalúa el impacto ambiental sino las expectativas de compensación que las personas tienen".

Y solicitó a la Secretaría que los resultados de estos estudios les sean devueltos para analizarlos antes de ser remitidos a la Corte Suprema, y que se les facilite "copia completa de los videos con la filmación de las reuniones mencionadas".

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