El Consejo de la Niñez y la Defensoría del Pueblo explicaron hoy los alcances de la demanda judicial contra la gestión de Carlos Arroyo.

La demanda contra la suspensión de los programas culturales y educativos que dejó a más 13 mil chicos de Mar del Plata y de Batán sin talleres, cursos y actividades recreativas gratuitas ya está siendo considerada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº9.

Así se lo hizo saber a LA CAPITAL la abogada María Susana Nudelman, quien en nombre del Consejo Local de la Niñez y la Defensoría del Pueblo, promovió un recurso de amparo contra la gestión del intendente Carlos Arroyo, acusándola de no ejecutar las partidas presupuestarias previstas para financiar los programas Almacenes Culturales, Usinas Artísticas y LiberArte, además de las actividades de extensión del Museo de Ciencias Naturales y el Programa Educativo Barrial (PEBA), entre otros.

Se trata de millones de pesos que si bien figuran en el presupuesto de este año todavía no fueron utilizados para esos fines.

El resultado es que alrededor de “13200 niños, niñas y adolescentes” que participaban de estas actividades hasta diciembre de 2015 ya no lo hacen.

Según Nudelman, ahora la Justicia deberá considerar si admite la demanda y si acepta el pedido para que se realice una audiencia de conciliación donde los funcionarios expliquen por qué estos programas no están siendo ejecutados tal como venía sucediendo hasta el año pasado.

“Hay una negativa al diálogo por parte de las autoridades”, indicó Nudelman, precisando que en principio, los autores de la demanda pretenden que la Justicia exija que las autoridades expongan los motivos de sus decisiones y describan cuáles sus su planes.

El recurso de amparo menciona al intendente Carlos Arroyo y a las controvertidas secretarias de Cultura, Silvana Rojas y de Educación, Ana María Crovetto.

Ambas vienen siendo cuestionadas por su desempeño y por el efecto que tuvo en sus áreas las medidas de ajuste en el gasto implementadas desde que comenzó el año.

“Programas mediante los cuales el municipio brindaba servicios en los barrios más vulnerables desde hace años dejaron de existir sin que mediara ninguna explicación”, denunció el Defensor del Pueblo, Fernando Cuesta.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en la sede de la Asociación Bancaria, Cuesta dijo que no sólo preocupa el efecto del recorte. También inquieta “no saber cuál es el plan de acción” que tiene la gestión de Arroyo en relación a estos temas.

De hecho, ni la secretaria de Cultura ni la de Educación asistieron alguna vez a las reuniones que mantiene semanalmente el Consejo de la Niñéz, dijo.

Cuesta hizo notar que en los últimos meses, hubo manifestaciones de los trabajadores afectados por los recortes y hasta un paro y una movilización del Sindicato de Trabajadores Municipales contra la titular de Educación, Ana María Crovetto.

“Fue un hecho inédito en la historia de la ciudad. Ahora estamos tratando de presentar ante la Justicia la voz de los niños, de las niñas y adolescentes” perjudicados por la discontinuidad de las políticas públicas, explicó.

La coordinadora del Consejo Local de la Niñez, María de los Angeles Lorenzo, sostuvo que la suspensión de todos los programas socioculturales del municipio atenta contra la Convención de los Derechos del Niño y contra toda la normativa legal existente en el país al respecto.

“El retiro del Estado de los territorios más vulnerables violenta la igualdad de oportunidades, incumple con el principio de progresividad y no retroactividad de los derechos económicos, sociales y culturales en base al interés superior del niño, especialmente protegido en la Constitución a través de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las leyes 26.061 y 13.298”, se argumentó en la demanda.