Piden Fondo de Reparación Histórica para La Pampa

INFORME DEL DíA / LO PRESENTó EL SENADOR JUAN CARLOS MARINO
Negociación: a partir de la presentación del proyecto se abre una etapa de negociación. Si los tres senadores de La Pampa acuerdan una estrategia común se puede obtener algún rédito. Cada voto de los senadores pampeanos deberá negociarse para ir buscando el consenso sobre el proyecto.

Una reparación histórica para La Pampa por el retraso en la provincialización que provocó problemas sociales, institucionales, ambientales y económicos. Esa es la esencia de un proyecto del senador radical Juan Carlos Marino que fue presentado en octubre pasado.

Marino está buscando el respaldo de los otros senadores de La Pampa, Rubén Marín y Silvia Gallego. El fondo, integrado por aportes federales y beneficios fiscales de promoción industrial, no industrial, forestal y turística, deberá ser destinado en un 50% a obras de infraestructura.

Los puntos fundamentales del proyecto son:

1) La creación de un Fondo de Reparación Histórica para La Pampa.

2) El fondo se integrará con los recursos federales y beneficios fiscales de promoción industrial, no industrial, forestal, agropecuaria y turística cuyas fuentes, porcentuales y alcances serán materia de un convenio específico entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de La Pampa.

3) La duración del fondo sería de diez (10) años a contar de la firma del convenio, que deberá tener estado operativo dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores a la promulgación de esta Ley.

4) El régimen a convenir deberá contener indefectiblemente las siguientes previsiones:

a) Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos federales acordados, sean invertidos en obras de infraestructura.

b) Que los porcentuales de los beneficios fiscales a convenir sean distribuidos de manera tal que los estímulos resulten igualmente significativos hasta la extinción del plazo establecido.

c) Que los beneficios acordados sean destinados en una proporción no inferior al veinte por ciento (20%) a actividades productivas tradicionales e igual porcentual a actividades productivas existentes que incorporen innovaciones técnicas, tecnológicas y/o diversificativas.

5) La Auditoría General de la Nación fiscalizará la administración del Fondo de Reparación Histórica de La Pampa, debiendo elevar su informe al Congreso de la Nación Argentina para su evaluación.

Fundamentos

Marino dice que el proyecto “tiene como único objetivo alcanzar la reparación de los graves perjuicios de diversa índole que sufrió la ciudadanía pampeana por la injustificada demora de casi medio siglo en alcanzar el rango de Provincia Argentina”.

Desde el año 1907, el Territorio Nacional de La Pampa estuvo en condiciones de ser declarado provincia por reunir ya entonces los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1.532 del 16 de octubre de 1884. Provincialización ilícitamente postergada por casi medio siglo hasta la sanción de la Ley 14.037 del año 1951.

Antecedentes

de la tierra pública

Marino -citando la bibliografía del tema- menciona diferentes leyes que revelan las pérdidas por las ventas de las tierras públicas del territorio pampeano.

1853: una vez consolidada la integridad de la República con la incorporación de la Provincia de Buenos Aires al resto de las Provincias Argentinas, una de las primeras medidas del Gobierno Nacional fue declarar de propiedad nacional, desde el 1 de mayo de 1853, todos los territorios existentes fuera de los límites o posesiones de las provincias, aunque estas las hubieran enajenado; a tal efecto el 17 de octubre de 1862 el Congreso sancionó tras largos debates la Ley Nº 28.

13 de agosto de 1867: el Congreso Nacional dicta la Ley 215 por la que se establece la

frontera de los territorios nacionales en las márgenes de los ríos Negro y Neuquén.

Octubre de 1878: la Ley 947 autoriza al Gobierno Nacional a invertir hasta la suma de pesos un millón seiscientos mil, estableciendo asimismo que el gasto será atendido con el producido de la venta de tierras fiscales que se conquisten dentro de los límites determinados, fijando como tales los situados al exterior de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza hasta la línea de la nueva frontera, a cuyo fin se toma como base el plano oficial de la línea de frontera sobre La Pampa, confeccionado en el año anterior por el entonces ministro de la Guerra, coronel Dr. Adolfo Alsina.

La Ley 1.265, que se reglamenta en 1882, autoriza la venta de tierras públicas, enajenación que continúa hasta el año 1885, en cuyo transcurso pasan a manos privadas dos millones cuatrocientas mil hectáreas en el territorio que ocupará La Pampa.

El 16 de octubre de 1884 la Ley 1.532 de Organización de Territorios Nacionales establece los límites definitivos de la Gobernación Nacional de La Pampa, -que corresponden a los actuales-, por esta norma el territorio pierde íntegra la Sección 12ª y parte de la 7ª, que pasan al dominio de las Provincias de San Luis y Mendoza.

De manera que al momento de dictarse la ley considerada el acta de nacimiento formal del Territorio Nacional de La Pampa, éste ya cuenta con propietarios casi antes que pobladores, pues también tierras del mismo serán adjudicadas a título gratuito por el mecanismo establecido en la Ley 1.628 -llamada “de Premios”-, para recompensar a los jefes, oficiales y tropa del ejército expedicionario.

“Pero la venta de tierras de La Pampa y la constitución de derechos sobre las mismas prosiguió a lo largo de la década siguiente en forma ininterrumpida, de manera que Ramón J. Cárcano en sus obras sobre el régimen de la tierra pública, anota que en 1895 -exactamente diez años después de sancionada la Ley de Premios-, en el Territorio Nacional de La Pampa, sobre una superficie total de 14.590.700 hectáreas se han vendido, donado y arrendado 11.466.498 hectáreas para un total de 834 propietarios, de los cuales 538 son de nacionalidad argentina”, señala Marino.

Para el año 1914, a siete años de estar el Territorio Nacional de La Pampa en condiciones de alcanzar el rango de Provincia, sólo queda en su haber un remanente de 650.954 hectáreas de tierras fiscales libres y no por virtud del Estado Nacional sino por tratarse de terrenos áridos sobre los que no existía posibilidad alguna de tornarlos productivos.

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